El año 2017 reveló una claridad sin precedentes sobre el posicionamiento de los actores ambientales panameños en relación con su papel durante el resto del rejuego institucional camino al próximo proceso electoral.
En cuatro años destacan las repercusiones por la creación del Ministerio de Ambiente, que adopta nuevos objetivos, tomando pilares como la gestión del recurso hídrico, la “Alianza por el Millón de Hectáreas”, el cambio climático, el turismo verde y áreas protegidas, así como la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin perjuicio de mis propias reservas en materia de la dogmática de planificación institucional, reconozco que todos los pilares anteriores se trabajan al alcance ministerial presente.
Simultáneamente, Panamá sufre situaciones ambientales graves, como la crisis del acceso al agua, la mala disposición de la basura, la ilegalidad de la mayoría de la industria de la madera, la crisis urbanística, entre muchos otros, que desafían el equilibrio de lo planificado con relación a las medidas tomadas con carácter de urgencia; los resultados aún se debaten en distintos foros.
Paralelamente, el Municipio de Panamá da acomodo a la gobernanza ambiental dentro de esta institución, acompañada de sus intenciones de obtener presencia en materia de humedales, calidad de los espacios públicos, desechos urbanos, resiliencia de ciudades, cambio climático y participación ciudadana. Este artículo no pretende valorar los resultados de estos cambios, pero es preciso reconocer su existencia para valorar la efectividad futura de su propio desarrollo.
La Asamblea Nacional no queda rezagada, aprobando proyectos de ley sobre protección de humedales, fondos de reforestación, bolsas plásticas y dedicándose a discutir sobre pago por servicios ambientales, “basura 0”, recursos hídricos y la norma que uniría todas las anteriores con categoría de ley, el código de ambiente.
La única constante ante todo fue el recientemente roto silencio de la sociedad civil en la gestión ambiental, lo que constituye y constituirá un elemento de valoración simultánea de la sinceridad y objetividad de los representantes de la sociedad civil panameña dentro y fuera de la gestión gubernamental.
Sin embargo, es muy difícil percibir en campo si los cambios anteriores han tenido consecuencia alguna en el día a día de la práctica ambiental desde la perspectiva de los usuarios. Todavía no tenemos una sola estadística que nos haya dicho, en momento oportuno, dónde estábamos en materia ambiental en 2014 y qué se espera proteger, sanear y recuperar en la dirección hacia la que vamos. Supongo que esas cifras nos serán suministradas, eventualmente y a medida que se acerque el año 2019.
Hasta hoy, ningún usuario destaca por conocer científicamente si los supuestos beneficiarios de todas las medidas anteriores, el ambiente y la calidad de vida, han mejorado en algún aspecto discernible y si podrán hacerlo al corto o mediano plazo.
Dar con la respuesta es el desafío de responsabilidad colectiva, tanto gubernamental como civil, que todos los actores ambientales tenemos para este año 2018.
El autor es presidente de la Comisión de Derecho Ecológico del Colegio Nacional de Abogados.