Recientemente, la diputada Alexandra Brenes denunció en medios nacionales la situación del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, uno de los aproximadamente 50 centros de protección para niños, niñas y adolescentes en el país, administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF). Entre las irregularidades señaladas se encuentran la infraestructura en mal estado, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente e incluso la presencia de personas adultas con discapacidad residiendo en un centro destinado exclusivamente a menores de edad.
Estas denuncias no son nuevas ni aisladas. En 2021, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre estas condiciones tras una inspección al CAI de Tocumen. En su informe, la institución concluyó que era indispensable la corresponsabilidad interinstitucional entre la SENNIAF, el MIDES, el MEDUCA, los Juzgados de Niñez y Adolescencia y otras entidades para garantizar la protección integral de la niñez. No obstante, a la fecha no existe información pública sobre los mecanismos que estas instituciones estarían implementando para cumplir con dicho mandato.
Casi cinco años después de ese informe, la situación persiste, lo que evidencia una falla estructural del sistema de protección. A pesar de las reiteradas denuncias y de los incidentes que demuestran el deterioro de los albergues, la carencia de personal especializado, la inexistencia de protocolos claros de atención y la escasa transparencia en el funcionamiento y fiscalización de estos centros, el presupuesto asignado a la SENNIAF continúa siendo insuficiente para cumplir con su mandato.
En este punto, resulta inevitable preguntarse: ¿cómo se espera que la SENNIAF cumpla su labor cuando opera con recursos claramente insuficientes? Para el año 2026, el presupuesto de inversión asignado fue de apenas 160 millones de dólares. Este financiamiento no guarda proporción con las responsabilidades de la institución y, hasta la fecha, el MIDES no ha asumido públicamente una postura clara para revertir esta realidad.
La normativa nacional e internacional establece el principio del interés superior del niño como eje rector de toda actuación estatal. Esto implica que la falta de presupuesto, la omisión en la fiscalización o la inacción interinstitucional no son simples deficiencias administrativas, sino incumplimientos directos de un deber. Cuando el Estado asume la protección de un menor, también asume la responsabilidad plena por su integridad, desarrollo y dignidad; responsabilidades que no pueden ser postergadas ni ignoradas.
¿Qué está haciendo el Estado para proteger efectivamente a la niñez y adolescencia bajo su tutela? La escasez presupuestaria puede explicarse en muchos ámbitos, pero nunca justificarse cuando se trata de niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal. El contraste resulta inaceptable en un país que destina más de 21 millones de dólares a proyectos como el Hospital de Mascotas y la Villa Diplomática, mientras mantiene en condiciones de precariedad al sistema encargado de garantizar la protección, el cuidado y el desarrollo de menores de edad.
Estos niños no se encuentran en los albergues por elección propia, sino porque el propio Estado reconoció que sus derechos fueron vulnerados. A ellos no solo les han fallado sus familias, sino también un Estado negligente que decide ignorar sus necesidades. Abandonarlos, esta vez por negligencia institucional, no constituye solo una falla administrativa, sino una violación directa al deber de protección estatal.
Esta negligencia también se manifiesta en la ausencia de fiscalización efectiva sobre los centros de protección y sobre la SENNIAF. Años después del informe emitido por la Defensoría del Pueblo, las condiciones denunciadas continúan prácticamente intactas, lo que obliga a preguntarnos en qué situación se encuentran otros centros de protección que no están siendo supervisados.
Como sociedad civil, nos corresponde exigir transparencia y rendición de cuentas por los niños, niñas y adolescentes cuyas voces permanecen silenciadas por un sistema que continúa ignorándolos.
La protección de la niñez no puede ser un discurso vacío. Sin voluntad política, presupuesto suficiente y mecanismos de fiscalización efectivos, el sistema de protección seguirá desatendiendo a quienes más debería cuidar.
La autora forma parte de Dame un Chance, organización sin fines de lucro.
