El gobierno nacional lleva varios meses haciendo su mayor esfuerzo en la radio y la televisión para promover y tratar de convencer a la ciudadanía que el nuevo contrato de minería metálica es conveniente para el país.
Ya el candidato oficial del partido de Gobierno para la presidencia del próximo periodo del órgano legislativo manifestó que uno de sus primeros objetivos es aprobar el nuevo contrato ley con Minera Panamá.
Esperamos que se haya leído el contrato y pueda ver que los beneficios económicos que se repiten en las cuñas no son tales, ya que el contrato equipara a la compañía a ser sujeto soberano dentro del país.
Tendremos un Estado al servicio de este nuevo ente con privilegios sobre todo el resto de sectores e individuos. Lo anterior no se menciona en ninguna cuña. Y viola nuestro principio constitucional de igualdad de derechos para todos.
El Gobierno ignora a propósito que la minería metálica a cielo abierto ha sido probada en muchos otros países y tiene a sus habitantes totalmente pobres, enfermos, con graves daños ambientales e impactos sociales negativos. No hay minería de ese tipo que produzca beneficios reales y permanentes, o de largo plazo a las poblaciones locales. No hay una visión de Estado puesta en estas decisiones.
La pregunta del millón es ¿por qué este contrato? La única respuesta lógica que encuentro son especulaciones de posibles beneficios a terceros. Tanto el gobierno como las entidades internacionales, saben que Panamá no tiene la capacidad de manejar ni fiscalizar una industria minera, no tiene la institucionalidad, ni el marco legal, ni el técnico para ello.
El contrato entregado por nuestro equipo negociador es una vergüenza.
Lo que sí es cierto es que para el 2013, First Quantum compró acciones de Inmet, copropietaria de la concesión de Cobre Panamá/Minera Panamá.
En esa fecha ya estaban interpuestas las demandas del 2009 de inconstitucionalidad del Contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla S.A., que fueron resueltas el 21 de diciembre de 2017 y publicada en Gaceta Oficial No. 29439 de 22 de diciembre de 2021.
Al momento de la compra en el 2013, First Quantum, estaba totalmente consciente del riesgo que asumía, de salir el fallo en su contra. Pero parece que conocían bien las debilidades de nuestras instituciones y cómo lograr su objetivo, porque vuelven a plasmar en el nuevo contrato aspectos de inconstitucionalidad que la casa máxima de justicia de nuestro país, la Corte Suprema, señala en su fallo.
El gobierno nacional no puede ni debe asumir el riesgo de First Quantum, pero lo ha hecho a conciencia, porque en estos momentos tenemos a Minera Panamá realizando una actividad totalmente ilegal sin un contrato de explotación.
Todo el gobierno debería actuar acorde a la ley, pero los funcionarios han extralimitado sus funciones.
El deber del Gobierno Nacional es proteger al Estado y respetar las normas dentro del país, pero las vulnera, pues está consciente que no hay certeza de castigo, que impera la ley del más fuerte, qué goza de impunidad.
Aquí se está en un ilícito total por ambas partes. Gobierno y empresa. Negocian a espaldas de la población sobre bienes públicos, como si fueran entes privados, y desconociendo el dictamen de la corte suprema al respecto. Parece que la apuesta es por la mora judicial, ante una nueva demanda por inconstitucionalidad del nuevo contrato, pues mientras se resuelva, la explotación de la mina dará suficientes ganancias a unos pocos.
Panamá por las características físicas y aspectos geográficos de su territorio, no debe tener minería metálica a cielo abierto. Su operación contaminará eventualmente todo el territorio y afectará todas las actividades económicas y sociales del país. Específicamente el agua, un recurso vital, será el más afectado.
¿De verdad el Gobierno considera que esto vale la pena?
El autor es presidente de la Fundación para la Protección del Mar - PROMAR
