En 1881, o sea, hace 144 años, fue creado el sistema de pensiones de beneficio definido por el canciller Alemán Otto Von Bismark. Consistía en que una nueva generación aportara una cuota para pagar las pensiones de la generación anterior, sus padres y abuelos.
En 1941, Panamá adopta este sistema y con los siguientes parámetros:
Edad de jubilación: 60 años hombres y mujeres
Demografía: 8 a 10 hijos promedio y mamá no trabajaba
Expectativa de vida: 65 años (promedio)
Número de cuotas: 240 (había 19 cotizantes por cada pensionado)
A mediados de los años 72-78, el gobierno militar decidió bajar la edad de jubilación. Esto fue una decisión política de las más dañinas para el sistema: (55 mujeres y 60 hombres) y le añadió, las jubilaciones anticipadas para ambos (50 mujeres y 55 hombres).
Luego, para balancear el déficit proyectado, se tomó la segunda partida del XIII Mes que financiaba la construcción de viviendas de interés social para financiar el sistema de beneficio definido (mal llamado solidario).
A pesar de que los actuarios internacionales recomendaron eliminar la jubilación anticipada y subir la edad (1980-84), el gobierno militar, apoyado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), no lo hicieron por el interés político de las elecciones de 1984 y devolvieron la segunda partida del décimo tercer mes a los trabajadores, que financiaba el déficit causado.
En el gobierno de Guillermo Endara, por presión financiera, eliminan las jubilaciones anticipadas y suben la edad de las mujeres de 55 a 57 años y a los hombres de 60 a 62, permitiendo la jubilación anticipada de hasta 3 años con solo 15 años de cuotas, lo que le permitió al sistema un sostenimiento por 15 años.
En el 2005, luego de varios meses de diálogo, sin un acuerdo, el gobierno de Martín Torrijos introduce el sistema mixto (obligatorio para nuevos cotizantes) y se mantiene el sistema existente de beneficio definido (SEBD) para los cotizantes anteriores.
Los cambios demográficos estaban indicando que cada vez iban a existir menos cotizantes para sostener las pensiones de la generación anterior, ya que la tendencia de las familias de las nuevas generaciones era cada vez más pequeña y la de los pensionados aumentaría por una tendencia de vivir mucho más de lo esperado.
Los actuarios de ese entonces recomendaron que el Estado debería aportar $400 millones anuales para crear un fondo de transición para financiar el antiguo sistema de beneficio definido y lamentablemente, los diputados, de ese entonces (mayoría del PRD), aprobaron $75MM por 3 años + 100 por 3 años y $140 a partir del 2012, esperando que, a futuro, otro gobierno hiciera los ajustes necesarios.
Además, los diputados de ese entonces le quitaron un 10% de los trabajadores que entraron al sistema mixto para subsidiar el SEBD (afectando su rendimiento y el ahorro para una pensión justa).
Ya en el 2012, el gobierno de Martinelli, sabía que de no hacerse los ajustes actuariales y el aporte de $400MM anuales, el sistema se quedaría sin fondos para cubrir a los que se quedaron y se pronosticaba que los fondos alcanzarían hasta fines del 2024 o inicios de 2025. Su estrategia fue no nombrar la Junta Técnica Actuarial (Ley 51-2005) que hubiera demostrado la necesidad de hacer los cambios necesarios.
Luego, en el gobierno de Varela, se optó por no nombrar los actuarios hasta el final de su período para no tener que hacer los cambios que la Ley 51 de 2005 obligaba.
Y para rematar, el gobierno de Cortizo, a pesar de estar advertido varias veces, anunció que no tenía el capital político para hacer los cambios que la Ley 51 de 2005 requería y que según la Junta Técnica Actuarial, conformada por independientes, así lo indicaba.
Si se hubiese cumplido la recomendación de los actuarios desde la creación de la Ley o se hubiesen hecho los ajustes según lo establecido en el artículo 219 de la Ley 51-2005 (responsabilidad de la Junta Directiva), hoy ese sistema exclusivo de beneficio definido, tendría una reserva de aproximadamente $6,500MM o más, para cubrir los déficits del sistema exclusivo de beneficio definido (cerrado).
Pasaron 3 gobiernos (Martinelli, Varela y Cortizo) a quienes se les advirtió muchas veces la necesidad de corregir el sistema y no lo hicieron por interés político, pensando en las próximas elecciones y son los verdaderos responsables del problema de hoy… y lamentablemente, están pasando agachados… nadie los responsabiliza.
La Ley obliga al funcionario a hacer lo que la Ley indica y los responsabiliza por no cumplir o no hacer lo que la ley obliga.
La expectativa de vida al nacer no es la misma que al pensionarse.
Según indican los actuarios, el aporte que hoy hacemos solo alcanza para 11 años de pensión y los hombres estamos viviendo un promedio de 21 años después de jubilados y las mujeres viven un promedio de 29 años después de jubilados. Es decir que entre ambos, cobramos pensiones de entre 25 a 26 años más y solo pagamos para 11 años de pensión. Por eso la plata no alcanza… cobramos más del doble de lo que hemos aportado.
Si se aplicaran las recomendaciones de los actuarios locales e internacionales, habría que subir la edad de jubilación de hombres y mujeres a 65 años (caso Costa Rica, España, México, Francia, Inglaterra, Uruguay, Chile, etc.)
España ya anunció aumentar la edad a 67 para aplicarse en 1.5 años.
Casi todos esos países han tenido que aumentar sus impuestos de consumo (ITBMS) a 18 y 21% (Brasil, España, Francia, etc.) para pagar sus pensiones.
Esta nueva Ley (proyecto 163) no es responsabilidad de José Raúl Mulino y su gobierno. ¡Los verdaderos responsables son Martinelli, Varela y Cortizo, que no tuvieron el coraje ni la visión de pensar por el país y las próximas generaciones, ya que solo pensaron en las próximas elecciones!
Si se hubiese corregido a tiempo, la solución no habría sido tan dura… esperaron que la cortadita se infectara y se convirtiera en una gran herida infectada, para que al nuevo médico le cayera la responsabilidad de corregir lo que no hicieron a tiempo. Señores diputados (especialmente los jóvenes independientes y de partidos tradicionales), no caigan en la trampa de lo que les recomiendan los responsables del problema que han heredado y les ha tocado resolver. Piensen en ustedes y las nuevas generaciones y no en soluciones en función de las próximas elecciones, que ha sido el actuar de los políticos tradicionales que nos han llevado a esta situación de crisis fiscal, económica y falta de una certeza del castigo que ha permitido la fortaleza de la corrupción.
El autor es empresario.
