Luego de ser testigos del recular de la Asamblea Nacional en pleno cuando de manera sorpresiva se suspendiera el tercer debate del proyecto de ley No. 43 que pretende regular el tema del impuesto de inmueble de una manera más garantista a favor de la protección y la salvaguarda de los derechos de los contribuyentes, no cabe la menor duda de que la arremetida y presión del alcalde de la capital y del gobierno central tuvo que haber sido enorme al suspenderse el tercer debate de un proyecto de ley que en su primera y segunda discusión recibiera el 100% de los votos de los diputados presentes, por lo cual su aprobación en tercer debate se daba por descontado.
El alcalde, aunque al momento de escribir estas líneas no ha presentado una propuesta formal, sí ha dado ciertas luces de qué es lo que estaría dispuesto a aceptar. Antes de entrar en el fondo, sobre esta última posición, quisiera recordarle al alcalde y a todos los funcionarios que manejan fondos públicos, con el mayor de los respetos, que en una república democrática liberal, como lo ha sido Panamá desde 1903, con la excepción de los 21 años de tinieblas que vivimos durante la dictadura militar entre 1968 y 1989, los que determinan y al final deciden cómo se gastan los impuestos son los contribuyentes y no los funcionarios, pues estos últimos son meros administradores de fondos ajenos.
Los fondos públicos pertenecen a los contribuyentes, quienes son los que voluntariamente se desprenden de parte de las ganancias producto de su trabajo y sudor para que sean manejadas y administradas de manera eficiente, transparente y según las prioridades que mayor contribuyan al interés y desarrollo general y no particular. Y digo voluntariamente, pues el poder público solo emana del pueblo (artículo 2 de la Constitución) y no del burócrata de turno. Esto lo digo, pues en la mayoría de las veces, si no siempre, pareciera que actuaran como si pensaran lo contrario. Siguiendo con el tema, el alcalde pareciera estar de acuerdo con eliminar los reavalúos de oficio, lo cual nos parece bien, mas no ha sido muy claro en confirmar su posición en cuanto a que el único aumento que se debe dar en una finca es al venderse la misma. Esto tiene que quedar bien claro, pues el aumento del valor de una propiedad, ya sea una o varias, no es especulación como se ha querido vender, sino la inversión más importante de toda familia. Nadie compra una propiedad para que baje de precio, por lo tanto, si no hay venta no hay ganancia y si no hay ganancia, pues no hay impuesto, así de sencillo. El revaluar propiedades de acuerdo a un supuesto valor comercial, que es subjetivo y especulativo, es pretender que el Estado cobre el impuesto por adelantado, lo que es totalmente aberrante y confiscatorio y además viola el principio constitucional de que los impuestos deben ir acorde con la capacidad contributiva de cada contribuyente.
El alcalde igualmente pareciera estar de acuerdo en bajar la tasa del 2.1% al 0.5%, lo cual sería un gran avance sobre la tasa actual, pero su desprendimiento no supera la del proyecto de ley No. 43, que es de 0.25% y sobre todo bajo el entendimiento de que la base imponible sería únicamente el valor catastral del terreno y no el comercial o el de mercado. Esta última va más acorde con un gobierno republicano (artículo 1 de la Constitución), pues es un error ideológico pretender castigar el ahorro o incremento en el capital individual o familiar. Este, por el contrario, se debe incentivar y proteger, si no se estaría atentando contra el derecho de la “propiedad privada”, debidamente tutelado en el artículo 44 de nuestra Constitución.
En este sentido, nos parece que los esfuerzos del alcalde debieran enfocarse más bien en exhortarle a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), que de una vez por todas actualicen su catastro, adquieran tecnología de punta que verdaderamente les optimice sus sistemas de fiscalización y de gestión de cobro, para así poner a contribuir al 90% de las fincas que actualmente no pagan, no por evasión, sino por la ineficiencia del gobierno central en su gestión de cobros, pues este 90% de las fincas no existe siquiera en su radar. Esto es crucial, pues cualquier intento de aumentar el monto que reciban los municipios por dicho impuesto sin pretender ampliar la base llevará como resultado que sigan pagando los mismos 10 pendejos que siempre pagan. Por razones de tiempo cortamos esta entrega aquí y en una segunda parte de este escrito culminaremos el mismo con los últimos comentarios.
El autor es abogado.