La “equiparación” a 600 balboas de las jubilaciones de 99 mil jubilados para mejorar su calidad de vida no es una concesión del poder, sino el reconocimiento de la dignidad del adulto mayor. (ADS)
El “llanero solitario” —no tiene vicepresidente o “llanta de repuesto”—, actual inquilino del Palacio de las Garzas, ha mostrado una recurrente conducta política: la ambivalencia.
En efecto, así lo demostró en el tratamiento de sendos fallos de inconstitucionalidad: el del contrato de la mina de cobre de Donoso y el de PPC sobre los puertos del Canal. El primero no solo lo ha ignorado, sino que ha torcido o manipulado la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); en el segundo, se apresuró a dar cumplimiento al dictamen de la primera corporación de justicia de la República de Panamá.
En el caso que nos ocupa, esto es, la conducta del mandatario del país en relación con los proyectos de ley No. 226, “que busca ampliar los descuentos y beneficios vigentes de la Ley 6 de 1987 para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad”, y No. 491, “que promueve un fondo para la equiparación del ingreso de jubilados y pensionados inferior a 600 balboas y dicta otras disposiciones”, respectivamente, el gobernante de la República vuelve, una vez más, por la senda de la contradicción en el ejercicio de sus atribuciones como jefe del Ejecutivo.
En el caso del proyecto de ley 491, de forma coloquial y displicente dijo: “Eso salió por allí y no ha sido consultado”. Estas palabras bastaron para que, en el palacio de las vagabunderías legislativas, los lumpen diputados enviaran la iniciativa de ley a una comisión ad hoc o, lo que resulta lo mismo, embarcaran el proyecto en la “nave del olvido”.
En relación con el proyecto de ley 226 ocurre lo contrario. “El presidente José Raúl Mulino anunció que la próxima semana convocará a una reunión en la Presidencia de la República con representantes de los gremios de jubilados y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), con el objetivo de buscar alternativas que permitan hacer viable la recién aprobada ley que amplía los beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores” (La Estrella de Panamá).
En síntesis, el proyecto de ley 491 fue enviado a la morgue parlamentaria y, en cambio, el proyecto de ley 226 es objeto de un trato especial, pues se convoca a dos de los grupos interesados para “buscar alternativas”.
Epílogo. La respuesta es definitiva y unívoca: el presidente, en complicidad con los diputados, pretende otorgar un “caramelo” a los pobres viejos a cambio de que cedan en sus justas pretensiones de la “equiparación” a B/.600.00. El motivo es claro: no afectar los mezquinos intereses de sus socios de la industria marítima, porque la “renta sustitutiva” que se propone en la Ley 491 es de apenas B/.1.50 (un balboa con 50 centavos) por cada contenedor de 20 pies (TEU) movido en los puertos nacionales.
El autor es abogado y analista político.
