Muchos creen que una Constituyente es preferible a una reforma constitucional. Es posible que tengan razón, sin embargo, hay una realidad que se debe tomar en cuenta cuando se habla de la voluntad del pueblo. Y es que el pueblo, aunque expresa enfáticamente lo que quiere y lo que no quiere, no sabe qué puede y qué no puede transcribirse idealmente a una Carta Magna y son pocos los expertos con la capacidad para guiar ese proceso. Y aunque cada grupo de presión insista en incorporar cada detalle de lo que quiere y no quiere a la Constitución, las consecuencias probablemente sean muy diferentes a las esperadas. Más bien se estará imponiendo una camisa de fuerza al país. Los resultados no se obtienen solamente con buenas intenciones.
El último ejercicio que se hizo en Panamá es un ejemplo. Se consultó ampliamente, sin embargo, el documento entregado por los notables fue una acumulación de deseos de cada grupo consultado, como una “lista al Niño Dios”, siendo que algunos artículos se contradecían entre sí. Ese cúmulo de decretos difícilmente habría logrado organizar el país hacia el presente y qué decir el futuro.
Muchos piensan que cuanto más codificada esté la Constitución menos errores de interpretación habrá y menos discrecionalidad tendrán las autoridades, pero la realidad ha demostrado una y otra vez que aquel futuro imaginado por los autores de estos códigos, rara vez sucede de la manera como fue imaginado, trayendo como consecuencia que la población y los funcionarios no podrán actuar sin violar la Constitución, la ley y los decretos. Con eso, las “maniobras” para salir de ese pantano y los recursos legales interminables causarán un caos jurídico con las consecuencias que nadie desea. Cuánto más detalles, más espacios hay para la trampa.
Y esa es la razón por la cual los artículos de la Constitución deben ser pocos, amplios, flexibles y bien redactados, de tal forma que exista claridad y de ocurrir dudas, el concepto general pueda aplicarse a lo particular sin problema y sin caer en contradicciones.
Un breve análisis de lo que han hecho otros países pudiera ilustrar el problema: la Constitución estadounidense está vigente desde 1787. Tiene 232 años. Las Constituciones de Europa Continental fundamentadas en los códigos y no en la ley común, las costumbres y la jurisprudencia, han durado en promedio 32 años, pero en América Latina 12 años. República Dominicana ostenta el récord con 32 Constituciones.
Y ¿qué decir del promedio de artículos? Estados Unidos empezó con siete artículos y luego a través del tiempo le fue adicionando 27 enmiendas. En América Latina, el promedio es de 230 artículos, mucho más que en otras regiones del mundo. ¿Por qué? Posiblemente estas sean las razones: (a) obsesión de codificarlo todo, (b) deseo de incorporar todas las peticiones de cada grupo consultado en vez de incorporar deseos amplios y comunes a todos, (c) desconocimiento de lo que es causa y efecto y (d) desconocimiento de cómo redactar claro y sencillo. No existen muchos Alexander Hamilton.
El Conep presentó a la Asamblea Nacional una propuesta que no es dogmática, ni un cúmulo de decretos, pero que establece la arquitectura de los poderes del Estado, así como los pesos y contrapesos del control sano. En otras palabras, el documento busca la institucionalidad del país.
La propuesta se originó en Apede y fue consensuada por todos los gremios que componen el Conep, bajo la facilitación del PNUD. La Asamblea Nacional y el Ejecutivo deberían tomarla en cuenta.
El autor es director de la Fundación Libertad