Las elecciones del 5 de mayo dejaron a varios atónitos. Dos partidos muy cuestionados por escándalos de corrupción en la Asamblea Nacional fueron los más votados y conservaron el control de ese órgano del Estado, aunque con algunos cambios de actores. En un primer momento uno pensaría que fue un electorado indiferente ante la corrupción, pero, analizando más profundamente el fenómeno, se puede llegar a otras interpretaciones.
Los candidatos que se comprometieron con cambios radicales a la institucionalidad y el sistema político, que además prometieron convocar a la constituyente no recibieron el respaldo mayoritario del electorado. Algunos dirán que la razón fue la falta de presupuesto y estructura partidaria, pero mi lectura es que los ciudadanos panameños, en este momento, no quieren inestabilidad y no apoyan soluciones que puedan provocar zozobra o que puedan afectar la economía y tranquilidad del país.
Aunque algunos colectivos vienen impulsando el debate sobre la constituyente, la mayoría del pueblo panameño no parece compartir ese interés. Hay sectores importantes que creen en la necesidad de un cambio, pero no apoyan una constituyente paralela ni originaria, posiblemente por considerarla riesgosa para la estabilidad política y económica.
No sería correcto afirmar que el voto emitido el pasado 5 de mayo fue un voto a favor de la partidocracia y los corruptos de siempre. Debemos reconocer que a nivel de las candidaturas presidenciales los partidos políticos presentaron la mejor oferta posible.
Escuché a varios decir que Rómulo Roux no venía con el estilo del gobierno del expresidente Martinelli, sino con un estilo más conciliador. Igual en el caso de Laurentino Cortizo, existe la percepción de que sus intenciones no son seguir con las mismas prácticas del pasado. El problema son las historias de sus partidos políticos y algunos elementos que los rodean. Amanecerá y veremos.
En un marco de normas electorales que permiten grandes desigualdades entre candidatos de partidos y de libre postulación, más de 473 mil electores votaron a favor de las candidaturas independientes, casi el 24% de los votos válidos para presidente. Esto nos muestra el hastío de un sector importante de la población ante la corrupción y los partidos políticos.
Por otro lado, en esos 651, 369 votos a favor de Laurentino Cortizo, hay muchos que creyeron en su discurso que prometía actuar con transparencia, que no toleraría la corrupción, que se darían cambios en la forma de llevar la cosa pública y que, además, creyeron en su capacidad de diálogo y consenso.
Todo parece indicar que el pueblo panameño quiere cambios, pero con paciencia y buena letra, aunque no sabemos hasta cuándo dure este nivel de tolerancia. El presidente electo debería escuchar lo que dijo el pueblo panameño en las urnas, cumplir sus promesas de campaña e iniciar el camino de mejorar la economía, la calidad de vida de la población y detener el desfalco de los fondos públicos. Si los cambios no se dan, en 2024 puede suceder cualquier cosa. Lo mejor que nos puede pasar es que se levante una candidatura de libre postulación comprometida con la reforma del Estado y la lucha contra la corrupción, pero lo malo sería que aparezca un loco que no le interese el país y lo lleve al caos.
A los ciudadanos y sus diversas organizaciones les corresponde activarse en el seguimiento y exigencia de los compromisos que adquirió el nuevo presidente y los nuevos diputados. Igualmente, nos corresponde participar de manera decidida en el debate de la reforma constitucional. Algún día estaremos listos para una constituyente que permita la refundación del Estado panameño.
La autora es abogada