Nuestra pobreza cultural es, lamentablemente, cada vez más marcada. Una prueba de ello es el lenguaje impregnado de chabacanería y mediocridad, rayando en lo vulgar, que con frecuencia utilizan —a falta de otros recursos dialécticos— muchos de nuestros flamantes diputados y, para no quedarse atrás, hasta el propio presidente Mulino, con su inesperado y reciente “tutorial” sobre el novedoso uso de la lengua.
Otro ejemplo notable fue el del diputado Jamis Acosta (RM), quien, muy iracundo, promovió hace poco en la Asamblea un insólito “paquete turístico con cita garantizada”, para que los interesados —que sin duda los hay— puedan ir a rendirle pleitesía a su idolatrado ‘loco de marras’ en Cartagena, Colombia
Mientras tanto, el diputado Camacho no cabe de felicidad al enterarse y promover los resultados de una encuesta cuya veracidad —para ser honesto— no pongo en duda, pero que revela que el ser más querido y añorado por los panameños es un prófugo de la justicia, condenado por robo y lavado de dinero: Ricardo Martinelli.
Todo esto que observamos con asombro es el corolario de un conjunto de factores que han venido gravitando inexorablemente sobre la sociedad panameña, en especial sobre nuestros jóvenes. Me refiero, por ejemplo, a un sistema educativo sin visión ni misión, que pretende reemplazar el sano ejercicio de pensar y el juicio crítico —como pilares en la formación de la niñez y la juventud— por el vano propósito de presumir de modernidad con una laptop.
Lo mismo ocurre con un Ministerio de Cultura que reduce su misión a la exaltación de las cutarras y el tembleque, o con televisoras que promueven programas alienantes y distorsionadores de la cultura panameña, mientras celebran sus altos ratings de popularidad.
La lista de factores que alimentan nuestra persistente alienación cultural es larga. Poco a poco, nos hemos vuelto cautivos del aguardiente de la mediocridad, la burla y la vulgaridad, promovidas por figuras relevantes de nuestro entorno social y político.
A ello se suma el accionar ambivalente de instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional, que, de manera reiterada, refuerzan la corrupción y la impunidad. El ejemplo más reciente es el proyecto de ley 174, más conocido como Ley del Perdón, presentado por el diputado Jamis Acosta Guerra —el mismo del turismo urinario—, mediante el cual se pretende reformar el Código Penal panameño para permitir la extinción de la pena a cambio del perdón del imputado.
Semejante aberración jurídica tiene nombre y apellido, y, sin duda, de ser aprobada, beneficiaría a Ricardo Martinelli y a muchos otros “arrepentidos” condenados o sindicados por la justicia panameña.
Al son que vamos, ante esta tergiversación de los principios básicos de la justicia, la aplicación selectiva de la ley según intereses políticos y el deterioro cultural que normaliza los antivalores, como sociedad nos estamos acercando peligrosamente a la cuenta de dos strikes sin bolas en el juego de la impunidad.
El autor es pintor y escritor.
