La UNESCO pidió a Panamá un informe sobre el Parque Nacional Coiba. No es una condena, pero tampoco un trámite rutinario. En su Informe de Estado de Conservación 2025, el Comité de Patrimonio Mundial instó a Panamá a reevaluar proyectos como Puerto Barú con su Guía para Evaluaciones de Impacto en Contextos de Patrimonio Mundial, advirtiendo que cualquier afectación al Valor Universal Excepcional de Coiba debe evitarse antes de tomar decisiones.
El Estudio de Impacto Ambiental del puerto, aprobado por el Ministerio de Ambiente en enero de 2024 mediante la Resolución DEIA-IA-0003-2024, reconoce riesgos y plantea medidas de mitigación: rescate de fauna, monitoreo de calidad de agua, reforestación de manglares y control de sedimentos. El documento señala que “los impactos potenciales pueden ser manejados con programas de mitigación y seguimiento” (EIA Puerto Barú, 2024).
Pero hay evidencia contraria. El informe técnico independiente de la consultora Lynker, elaborado en diciembre de 2024 a pedido de varias ONG, concluyó que el complejo portuario invade directamente unos 30,800 m² de manglares, subestima riesgos de sedimentación y plantea un sitio de vertido de dragado dentro del estuario, donde las corrientes redistribuirían sedimentos hacia hábitats sensibles (Lynker, 2024). Este hallazgo no puede ignorarse. Si se pide que el debate se base en datos, este también es un dato. La discusión debe girar en torno a la validez de esas metodologías y a la capacidad del Estado de exigir correcciones.
El propio ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, declaró en el artículo “Puerto Barú solo se podrá construir bajo estrictas medidas ambientales”, publicado el 4 de enero de 2025 en MiAmbiente.gob.pa, que el puerto “solo podrá llevarse adelante siempre y cuando cumpla con estrictas medidas ambientales”, y añadió que esas normativas deben definirse en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá y las autoridades locales. No es un respaldo automático, es una condición clara: cumplir el EIA y reforzarlo donde haya vacíos.
El contexto legal añade tensión. El proyecto enfrenta dos demandas en la Corte Suprema de Justicia que cuestionan la validez del EIA. Al mismo tiempo, los promotores han presentado demandas civiles y penales contra ONG ambientalistas, incluyendo congelamiento de activos, lo que ha sido señalado como un precedente preocupante para la sociedad civil (Reformer.com, 2025). Estos hechos forman parte del panorama y deben ser reconocidos.
El puerto representa una oportunidad de desarrollo para Chiriquí y para el país. Nadie discute que un nodo logístico moderno puede traer empleo y competitividad. Pero ese beneficio solo será legítimo si se cumple estrictamente con las medidas ambientales. El EIA no es un papel para archivar, es un contrato con la sociedad y con la comunidad internacional.
El alarmismo injustificado debilita la discusión, pero también lo hace la omisión de evidencia adversa. La ciencia y los documentos oficiales dicen cosas distintas, y ahí está la tarea: contrastar, verificar y decidir. En temas de conservación y desarrollo, el dato debe imponerse sobre el relato. Porque sin datos, lo único que se destruye es la credibilidad.
El autor es empresario.
