Panamá se encuentra en un punto en el que no podemos seguir postergando el progreso, especialmente ante una tasa de desempleo que, según datos compartidos por funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, ronda el 10%. Como ciudadano, veo en el proyecto Puerto Barú una oportunidad que trasciende la infraestructura: se plantea como una herramienta para reducir costos logísticos, potenciar el turismo y generar empleos para cientos de ciudadanos que hoy se ven obligados a migrar hacia la capital por falta de opciones.
El proyecto cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría III, aprobado mediante la Resolución DEIA-IA-0003-2024 del Ministerio de Ambiente. Este acto administrativo implica que la propuesta técnica incluye medidas de mitigación y un Plan de Manejo Ambiental que la autoridad competente ha validado conforme a los requisitos legales exigidos.
Es necesario reconocer el papel de las ONG como observadoras necesarias en nuestra sociedad. Por ejemplo, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) ha señalado lo que considera una “amenaza directa a la integridad de un humedal de importancia internacional” (Comunicado CIAM, 2024). No obstante, resulta pertinente contrastar dicha inquietud con lo expuesto en el Resumen Ejecutivo del EsIA (capítulo IV), donde se indica que la infraestructura se ubica mayoritariamente en terrenos de propiedad privada con historial de uso agropecuario. Esto sugiere, de acuerdo con el expediente oficial, que la intervención se proyecta sobre suelos ya transformados y no sobre la zona núcleo del área protegida.
Respecto a los manglares, el Plan de Manejo Ambiental (EsIA Puerto Barú, 2024) describe que el diseño busca evitar la invasión de manglar virgen al asentarse en áreas previamente impactadas. El proyecto, sujeto a la fiscalización de MiAmbiente y la ARAP, contempla además planes de compensación que incluyen la “restauración y reforestación de áreas degradadas”. El cumplimiento efectivo de estas promesas en el terreno será, lógicamente, responsabilidad de las autoridades y fruto de un seguimiento riguroso.
Sobre el dragado, organizaciones como ADOPTA Bosque han advertido sobre posibles efectos en el estuario (Comunicado ADOPTA Bosque, 2024). Frente a esto, el sustento técnico del proyecto propone el uso de tecnologías de control, como cortinas de turbidez y monitoreo satelital en tiempo real. La ingeniería moderna ofrece estas soluciones para minimizar impactos; el reto colectivo es asegurar que lo consignado en el papel se ejecute con precisión en la realidad operativa.
Tras revisar los planos y el sustento técnico, se observa que gran parte del área proyectada corresponde a predios ya intervenidos. Por ello, antes de emitir juicios definitivos, resulta constructivo analizar los documentos oficiales. El desarrollo de Panamá requiere balance: proteger la naturaleza mediante controles estrictos y, simultáneamente, permitir iniciativas que generen el bienestar y la justicia social que nuestro país reclama.
El autor es empresario panameño.
