Albert Einstein solía decir que “la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Más allá de la discusión sobre el origen de la frase, lo cierto es que pocas reflexiones describen con tanta precisión el modelo de desarrollo que Panamá ha seguido durante las últimas décadas.
Gobierno tras gobierno, independientemente del partido político que ocupe el poder, la apuesta ha sido prácticamente la misma: concentrar la inversión pública y privada en la provincia de Panamá y, más recientemente, en Panamá Oeste, bajo la premisa de que el crecimiento de estas regiones terminará irradiando prosperidad hacia el resto del país.
Sin embargo, los resultados están a la vista. Mientras la capital continúa expandiéndose, el interior enfrenta problemas estructurales de desempleo, migración, falta de inversión y escasas oportunidades. Provincias con enorme potencial económico, como Colón y Chiriquí, siguen esperando políticas públicas que las conviertan en verdaderos polos de desarrollo y no en simples espectadoras del crecimiento nacional.
La pregunta es inevitable: si esta estrategia no ha logrado disminuir las desigualdades territoriales durante décadas, ¿por qué insistimos en repetirla?
Lo paradójico es que, cuando finalmente surge una iniciativa que podría diversificar el desarrollo económico hacia otras regiones del país, inmediatamente aparecen posiciones absolutas que reducen el debate a un simple “no”.
El caso de Puerto Barú, en Chiriquí, es un ejemplo claro. Diversos grupos ambientalistas han advertido, en términos casi apocalípticos, que el proyecto significará el fin del ecosistema marino del Pacífico y afectará incluso áreas protegidas como Coiba. Sin duda, toda preocupación ambiental merece ser escuchada y atendida. Nadie que valore el patrimonio natural del país puede minimizar esos riesgos.
Pero existe una enorme diferencia entre exigir estudios científicos rigurosos, medidas de mitigación y supervisión permanente, y condenar cualquier proyecto antes de analizar si existen alternativas que permitan desarrollarlo de manera responsable.
Como ambientalista, comparto la convicción de que el desarrollo económico no puede construirse sacrificando irreversiblemente nuestros recursos naturales. Pero también considero que el inmovilismo tiene un costo social que pocas veces se menciona: desempleo, pobreza, falta de oportunidades y migración forzada hacia la capital.
Lo mismo ocurre con el debate sobre la minería. Personalmente, creo que la actividad minera puede representar un factor importante para el desarrollo económico del país. Sin embargo, eso no significa aceptar cualquier modelo de explotación. La minería a cielo abierto, por sus impactos ambientales, plantea enormes desafíos que deben ser evaluados con extrema rigurosidad.
Existen ejemplos internacionales que demuestran que es posible elevar los estándares. En Canadá, por ejemplo, las empresas mineras están obligadas a presentar planes de cierre y recuperación ambiental desde el inicio del proyecto, así como garantías financieras que aseguren la restauración de las áreas intervenidas una vez concluida la explotación. La reforestación, la recuperación del paisaje y el monitoreo posterior forman parte de las obligaciones legales y no de simples promesas.
¿Por qué en Panamá el debate suele reducirse a dos extremos irreconciliables? O se plantea un desarrollo sin suficientes controles ambientales, o se propone detener cualquier iniciativa sin ofrecer alternativas viables.
El país necesita superar esa falsa dicotomía. El verdadero reto consiste en construir un modelo donde el crecimiento económico y la protección ambiental no sean enemigos, sino aliados. Eso exige instituciones fuertes, estudios técnicos independientes, participación ciudadana informada y una fiscalización permanente.
Decir “no” puede ser una posición legítima cuando existe evidencia científica que así lo justifique. Pero decir “no” sin proponer soluciones también implica asumir la responsabilidad por las oportunidades que se pierden para miles de panameños que esperan empleo, inversión y mejores condiciones de vida.
Necesitamos dejar de repetir las mismas fórmulas esperando resultados distintos. Descentralizar el desarrollo, aprovechar responsablemente nuestros recursos y exigir los más altos estándares ambientales no son objetivos incompatibles. Son, precisamente, el camino hacia un país más equilibrado, más justo y verdaderamente sostenible.
La autora es abogada.
