En momentos de debate público intenso, conviene detenernos y volver a lo esencial. Más allá de ideologías, temores o posiciones personales, hay una pregunta que atraviesa cualquier discusión sobre salud infantil: ¿qué es lo correcto? ¿Hacer el bien o dejar que el mal se instale?
Cuando hablamos de vacunación en la infancia, no estamos frente a una moda pasajera, ni a un experimento reciente, ni a una imposición caprichosa de los pediatras ni del Estado. La vacunación es una de las herramientas de salud pública más estudiadas, evaluadas y efectivas de la historia. Ha salvado millones de vidas, ha evitado sufrimientos innecesarios y ha permitido que generaciones enteras crezcan libres de enfermedades que antes marcaban la infancia con dolor, discapacidad o muerte.
Las vacunas no solo protegen a quien las recibe. Protegen a los más vulnerables: a los recién nacidos, a los niños con enfermedades crónicas y a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. Protegen a las familias, a las comunidades y, en última instancia, a toda la sociedad. Además, contribuyen a reducir la pobreza, al disminuir hospitalizaciones, tratamientos prolongados y gastos médicos que pueden arrastrar a una familia entera a la precariedad económica.
Por eso, hablar de vacunación infantil es hablar de derecho a la salud, pero también de justicia social.
¿Puede un padre negarse a vacunar a su hijo? ¿Puede el Estado intervenir? Las respuestas jurídicas son importantes, pero no deberían hacernos perder de vista lo fundamental: la ley existe para proteger la vida, y cuando deja de hacerlo, pierde su sentido.
Las normas no están para abandonarnos, sino para cuidarnos. Cumplir la ley y proteger a las personas no debería ser una disyuntiva.
Los niños no eligen. No deciden dónde nacen, en qué familia ni bajo qué creencias crecen quienes ejercen su cuidado. Precisamente por eso, el principio del interés superior del niño es un pilar ético y jurídico irrenunciable. La sociedad —y el Estado como su representante— tiene la responsabilidad de garantizar que ese interés sea protegido, incluso cuando las decisiones de los adultos puedan ponerlo en riesgo.
Vacunar a un niño no es una agresión a su libertad futura; por el contrario, es una forma concreta de protegerla. Es darle la oportunidad de crecer sano, de aprender, de jugar y de desarrollarse plenamente. Es evitarle enfermedades prevenibles que pueden dejar secuelas de por vida o incluso costarle la vida.
Como pediatra y mamá, veo a diario los beneficios de la prevención y también las consecuencias de la desinformación. He visto niños hospitalizados por enfermedades que no deberían existir en el siglo XXI. He visto el miedo, la angustia y el arrepentimiento que llegan demasiado tarde. Por eso sostengo que este debate no es ideológico, ni político, ni administrativo: es profundamente humano.
La vacunación infantil no enfrenta derechos; los armoniza. Protege al niño, respeta su dignidad y cuida el bien común. No se trata de imponer por imponer, sino de actuar cuando la omisión causa daño. De entender que hacer el bien a veces exige decisiones firmes, aunque incómodas.
Al final, la pregunta es simple, aunque incómoda: ¿qué es lo correcto? ¿Hacer el bien o dejar que el mal se instale?
Cuando se trata de niños, la respuesta debería ser siempre la misma: la vida es primero. Siempre.
La autora es pediatra.
