Lejos de ser un trámite burocrático, una auditoría minera es un proceso exhaustivo que evalúa las operaciones de una mina en sus aspectos técnicos, económicos, ambientales y de seguridad. Su objetivo es verificar que todo se realice bajo normas y estándares legales. En otras palabras, es el mecanismo que garantiza que la actividad minera sea transparente, segura y beneficiosa para el país.
Cuando hablamos del proyecto minero nos referimos a un ciclo de vida con distintas fases: a) Exploración, que incluye estudios geofísicos, geoquímicos, perforaciones y análisis económicos; b) Investigación detallada, con estudios de factibilidad; c) Planificación y diseño, que contempla impactos en ambiente, salud y comunidades, así como decisiones sobre cierre; d) Construcción de la infraestructura necesaria; e) Operación minera (superficial o subterránea), enfocada en la extracción eficiente y segura de minerales; f) Cierre, cuando los yacimientos se agotan, incluyendo cierres temporales, progresivos y finales; g) Postcierre, para garantizar la estabilidad de las medidas implementadas.
El objetivo principal de la auditoría minera es identificar áreas de mejora, mitigar riesgos, garantizar transparencia y cumplimiento normativo, y asegurar la sostenibilidad. Entre sus objetivos específicos están:
Cumplimiento normativo: verificación de leyes, regulaciones y contratos.
Evaluación de riesgos: ambientales, de seguridad y operativos.
Mejora de procesos: optimizar gestión y eficacia.
Transparencia y confianza: fortalecer la rendición de cuentas y la relación con inversionistas y partes interesadas.
Gestión ambiental y de seguridad: cumplimiento en higiene, salud y protección ambiental.
Es importante aclarar que la auditoría minera aplica en todas las fases del ciclo del proyecto, y no debe confundirse con una auditoría ambiental. Por ejemplo, la auditoría minera que se enfoca en compromisos ambientales del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se realiza en cada etapa.
En el caso de Minera Panamá, S.A. (MPSA), la empresa ejecutó todas las fases hasta la de construcción y puso en operación la mina en junio de 2019. Actualmente, sus operaciones están suspendidas. Esto no es inusual: puede suceder por factores como la caída del precio de los minerales o emergencias de salud pública, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19. En esa ocasión, la mina operó un mes bajo un “Plan de Cuido y Mantenimiento” aprobado por el Ministerio de Salud.
Hoy, la suspensión responde a un imprevisto especial: la declaración de inconstitucionalidad del contrato minero por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, la auditoría que corresponde en la actualidad es la del Plan Inicial de Preservación y Gestión Segura (Cuido y Mantenimiento), aprobado por el Ministerio de Comercio e Industrias y en ejecución por MPSA.
Sin embargo, el gobierno ha contratado a una empresa internacional para realizar una auditoría integral del proyecto Mina de Cobre Panamá, lo que ha generado confusión en la opinión pública y entre organizaciones ambientales, algunas de las cuales han emitido comunicados sin fundamento técnico sobre los términos de referencia de dicha auditoría.
El autor es doctor en Ciencias Geológicas y auditor acreditado en gestión ambiental, gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo.
