Cada vez que se conoce un nuevo caso de corrupción, enriquecimiento ilícito o abuso de poder, surge una pregunta que, como sociedad, no podemos seguir ignorando: ¿qué está fallando en la formación de algunos ciudadanos?
Lo preocupante no es únicamente la existencia del delito, sino el perfil de quienes muchas veces aparecen involucrados. Con frecuencia se trata de personas con educación, acceso a oportunidades, estabilidad económica y una posición social privilegiada. Individuos que no enfrentan las carencias que empujan a otros a tomar decisiones desesperadas para sobrevivir.
Resulta imposible comparar esa realidad con la del panameño que revisa las monedas en su bolsillo para decidir entre comprar alimentos o pagar el pasaje que le permitirá llegar a su trabajo. Ese ciudadano conoce las dificultades de primera mano. Sabe que su salario apenas alcanza para cubrir sus necesidades básicas, pero aun así elige actuar con honestidad y continuar construyendo su vida mediante el esfuerzo diario.
Por ello, cuando una persona que ha tenido acceso a educación, recursos y oportunidades decide enriquecerse por medios ilícitos, la explicación no puede encontrarse en la necesidad económica. La pregunta, entonces, es otra: ¿ha llegado la ambición a imponerse sobre los valores?
La familia, la escuela y la comunidad desempeñan un papel fundamental en la formación del carácter. Son los espacios donde se aprenden principios como la honestidad, la responsabilidad y el respeto por los demás. Cuando algunos ciudadanos, pese a contar con todas las herramientas para prosperar dentro de la ley, optan por el camino de la ilegalidad, es legítimo cuestionar si esos valores fueron realmente interiorizados o si, en algún momento, dejaron de ser considerados importantes.
La preocupación se profundiza cuando los protagonistas de estos escándalos son figuras políticas que alcanzaron posiciones de liderazgo prometiendo transparencia, bienestar y compromiso con el interés público. Cada caso de este tipo no solo afecta recursos o instituciones; también erosiona la confianza de los ciudadanos en la democracia y en quienes tienen la responsabilidad de servir al país.
Sin embargo, sería injusto permitir que las acciones de una minoría definan a toda la sociedad panameña. La realidad es que la inmensa mayoría de los ciudadanos continúa levantándose cada día para trabajar honradamente, sostener a sus familias y contribuir al desarrollo nacional. Son hombres y mujeres que entienden que el progreso legítimo se construye con esfuerzo, disciplina y respeto por la ley.
La lección es clara. Algo está fallando en aquellos que, teniendo oportunidades que muchos otros nunca tendrán, deciden utilizar atajos ilegales para obtener beneficios personales. Frente a esa conducta, la sociedad no debe mostrar indiferencia ni complacencia. El rechazo ciudadano debe ser firme, porque quienes traicionan la confianza pública o privada no representan los valores que sostienen una convivencia sana y justa.
La honestidad no debe convertirse en una excepción digna de admiración. Debe seguir siendo la norma que guíe nuestras acciones y la base sobre la cual construimos el futuro de Panamá.
Y aquí surge una reflexión que merece ocupar el centro del debate nacional: la verdadera pregunta no es por qué algunos delinquen teniendo tanto, sino qué estamos haciendo —o dejando de hacer— para garantizar que las próximas generaciones comprendan que ninguna riqueza vale más que la integridad.
El autor es estratega en tecnología, innovación y transformación digital.
