La protesta es una acción personal y/o colectiva cuyo objetivo es denunciar o expresar el desacuerdo ante algo, y/o argumentar en favor de alguna otra opción. Protestar es un derecho por sí mismo, vinculado a otros, como las libertades de expresión y reunión, fundamentales para defender los derechos humanos, construir y profundizar una sociedad democrática.
Es una forma de participar en los asuntos de interés público, usada en momentos específicos y en contextos como el panameño, donde los mecanismos de participación institucionalizada son inexistentes, escasos, inefectivos o son cuestionados por reproducir desigualdades en el acceso a la información y a los procesos de decisión política. También es una forma de hacerse escuchar cuando los sistemas de representación no cumplen su función de representar al conjunto de la sociedad o no gozan de la confianza de la población.
Las protestas contra la minería de 2023 encuentran sus raíces en cada manifestación en contra de proyectos mineros realizadas por comunidades durante décadas, lejos de los centros urbanos y de las coberturas de los medios de comunicación. Son la continuidad de las protestas contra las reformas al Código Minero entre enero y marzo de 2011. En conjunto, todas expresan el rechazo popular acumulado: a la minería metálica a cielo abierto como propuesta de modelo económico para el país; a la forma de otorgar la concesión y al contenido del contrato entre el Estado y Minera Panamá; y a la forma de entender y ejercer el poder y el gobierno sobre el territorio, sus habitantes y la naturaleza.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 27 de noviembre de 2023, que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023 —que aprobaba el contrato de concesión—, añade razón jurídica al mandato expresado repetidamente en las calles: identifica los graves incumplimientos en materia de acceso a la información y participación ciudadana en la fase de estudio de impacto ambiental, no realizada, y en la discusión en el Legislativo; además de las graves y reiteradas violaciones al debido proceso, ya señaladas en la declaración de inconstitucionalidad del primer contrato, la Ley 9 de 1997, pronunciada por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
El presidente, en su discurso del 1 de julio de 2024, anunció un proceso fundamentado en el respeto a “las leyes, el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el pedido de nuestro pueblo”, dirigido a “cerrar de forma definitiva, segura y positiva para nuestro país” la explotación minera, previa realización de una auditoría ambiental “estricta”. Sin embargo, a finales de 2025, nos enfrentamos a todo lo contrario: la idea de reabrir la mina antes de realizar una auditoría muy distante de ser “estricta”, a pesar de la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema de Justicia y en contra del mandato popular.
La memoria de las protestas de 2023 significa algo sencillo: una invitación para que el Ejecutivo haga lo que debería ser la norma de una convivencia democrática: respetar los fallos de los tribunales y obedecer la voluntad popular.
El autor es abogado y labora en el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral.
