A propósito del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que deja fuera del juego portuario a Panama Ports Company (PPC), han surgido con insistencia las voces de quienes sostienen que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) también debería encargarse de “toda la operación portuaria” de Cristóbal y Balboa, actualmente en manos de PPC.
Tal vez la idea suena bien a muchos, apelando a la reconocida eficiencia de la ACP en el manejo de la vía acuática. Sin embargo, conviene mirar el panorama completo.
Hay que recordar que el Canal de Panamá ya se encuentra inmerso en la compleja tarea del embalse de río Indio. Hace pocos días, su administrador, Ricaurte Vásquez, anunciaba al país, como actividad complementaria a la operación canalera, la decisión de someter a licitación la construcción de dos nuevos puertos: Telfers, en el Atlántico, y Corozal, en el Pacífico.
Otra megaobra en el portafolio de inversiones del Canal es el gasoducto interoceánico, que ya cuenta con términos de referencia, lo cual significa que en breve se efectuará el llamado a un acto público. Debemos recordar que esta millonaria inversión requiere también la búsqueda y contratación de empresas especializadas en el transporte de gas, a fin de ofrecer los nuevos servicios proyectados.
A ello se suma la propuesta del canal seco terrestre, concebido para mover contenedores de norte a sur y viceversa, como elemento integrador de la nueva operación logística nacional.
Otra tarea relevante que realiza la ACP es la producción de agua potable para consumo humano, destinada a los residentes del área metropolitana, como apoyo al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
Lo que sé que sé es que existe una acumulación de experiencias y capacidades técnicas en el personal del Canal de Panamá, relacionadas con tareas de alta complejidad que, hasta ahora, han sido ejecutadas con éxito.
Lo que sé que no sé es si la ACP estaría dispuesta —y preparada— para asumir la búsqueda, captación y mercadeo de carga contenerizada para estos puertos, una operación que hoy realizan navieras internacionales con amplia experiencia comercial y logística.
Entre el éxito y la sobrecarga: el reto de la ACP en la gestión portuaria
La operación portuaria vinculada al Canal de Panamá representa uno de los pilares económicos y logísticos del país. En el período más reciente, el Canal registró el tránsito de más de 12,000 naves y una recaudación superior a $3,600 millones en peajes, lo que evidencia su impacto directo en el producto interno bruto (PIB) nacional.
El sistema portuario nacional, bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá, movilizó cerca de 10 millones de TEU en 2025, con un crecimiento interanual del 1.65% y una participación destacada de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), las actividades portuarias y del Canal figuran entre las de mayor aporte al PIB, con un incremento del 5.2% en el primer trimestre de 2025.
Por otro lado, el IDAAN abastece de agua potable a más del 55% de la población de las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, gracias a la extracción de agua de la cuenca hidrográfica del Canal, aunque enfrenta retos estructurales como la pérdida de hasta el 48% del recurso por fugas y la falta de acceso continuo para más del 30% de la población.
Todo este entramado operativo, económico y social se desarrolla bajo el marco del ordenamiento territorial establecido por la Ley 21 de 1997 y el Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Ambiental (PIOTA), instrumentos que buscan garantizar la sostenibilidad, la conservación de los recursos hídricos y el desarrollo equilibrado del entorno canalero.
Es un hecho cierto que el Canal de Panamá ha sido eficiente en su administración y funcionamiento, pero la pregunta de fondo sigue siendo: ¿dónde debe estar la prioridad?
Recordemos que:
“Quien mucho abarca, poco aprieta”.
Todo indica que la decisión más sensata será licitar la actividad portuaria mediante uno o varios actos públicos internacionales, que aseguren una operación económicamente ventajosa para la República de Panamá y razonablemente conveniente para los nuevos concesionarios.
El autor es exministro de Vivienda y estudiante de Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible / Universidad de Panamá.
