El gobierno afirma que pretende mantener activa la mina con alguna resolución y sin pasar por la Asamblea Legislativa, sin tomar en cuenta:
1- La decisión de la mayoría de los panameños que rechazamos en 2023, cuando quisieron imponernos desde la Asamblea Nacional una minería.
2- Los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que encontró inconstitucional, al igual que los contratos de Panama Ports, que no les interesa cumplir de la misma forma.
3- Las contaminaciones a los ríos, el daño ambiental y los riesgos al funcionamiento del Canal de Panamá, de forma innecesaria y, a la vez, peligrosa para el país.
4- Los desembolsos de la mina nunca fueron acordes al valor de la explotación de los metales que se llevaron, como si fuera una piratería certificada.
5- Las ganancias de la mina, se desconoce dónde se quedaron.
6- Ni siquiera existen intenciones de realizar una licitación o concurso, violando todos los principios de los procedimientos legales.
La mayoría de los panameños, en general, no consideramos la mina como una fuente de ingresos, ya que la percibimos como una amenaza a nuestro futuro y a nuestro medio ambiente. Es más importante nuestra ecología y, aunque algunos nos califiquen, a quienes nos oponemos a la minería, de “obtusos”, le damos más importancia y valor a esas tierras y ríos, que no estén contaminadas y nos puedan proporcionar más ganancias a todo el país.
Estas y muchas razones más son suficientes para no abrir la mina, tal como el presidente de la República Dominicana consideró para tomar la decisión en su país.
En escritos anteriores, hemos manifestado los motivos que hacen de la mina un riesgo de contaminación, y especialistas ambientales han reafirmado los peligros.
El tema de la mina debió abrir un debate nacional de los pros y contras, pero lo han evitado y se ha convertido en un mandato sin discusión, y se pretende desconocer la voluntad de la mayoría de los panameños, como si esa decisión no perteneciera a los ciudadanos y no fuera algo de interés nacional.
Nos quieren imponer un negocio que es rechazado y no tiene el respaldo de las mayorías, y además parecen pasar por alto nuestras leyes y derechos.
Si estamos en plena democracia, debiera ser llevado a un plebiscito, en vez de hacer imposiciones.
Los plebiscitos son consultas democráticas y es lo menos que podemos pedir para tomar esas decisiones sobre algo importante.
Imponer una mina a un país entero, que rechazamos la mayoría, aparte de las violaciones a nuestra Constitución y a las resoluciones de una Corte Suprema, es un desafío a nuestro futuro y a nuestra ecología.
Hay un sector económico poderoso al que no le interesa la oposición y evita las consultas, y eso lo convierte en antidemócrata, supuestamente en un país donde respiramos libertad y democracia.
El autor especialista en salud pública y gestión administrativa.
