La reapertura de la mina de cobre será la principal decisión del gobierno actual. En ella se entrelazan dos componentes: la pertinencia de tal reapertura y la aceptación o rechazo de su proponente, el Gobierno Nacional. En el pasado, el castigo al gobierno de turno tuvo su impacto en la movilización antiminera y en la posterior declaratoria de inconstitucionalidad del contrato.
El cierre de la mina en diciembre de 2023 le hizo un hueco enorme a nuestra economía: el PIB cayó cerca del 5%, lo que produjo la pérdida de unos 38 mil empleos directos e indirectos. Además, el cierre afectó a más de 2 mil proveedores locales que recibían pagos cercanos a $800 millones anuales.
Las comunidades cercanas a la mina sufren desde entonces un desempleo cercano al 25%, y el Estado dejó de percibir entre $486 y $600 millones anuales en impuestos y aportes. La grave coyuntura postcierre ha sensibilizado a un segmento de la población sobre la pertinencia de apoyar su reapertura.
Reabrir la mina sería una señal de confianza en el país, un incentivo para la inversión extranjera directa y un impulso al crecimiento del PIB, que permitiría la recuperación de empleos, la reactivación de proveedores y el aumento de ingresos fiscales.
En la coyuntura actual de estancamiento económico, altos precios del combustible y del costo de la vida, el precio del cobre ha experimentado un auge en los últimos cinco años, alcanzando máximos históricos en 2025 y 2026, superando los $5 por libra.
Pareciera que están dadas las condiciones macroeconómicas para renegociar el contrato con Minera Panamá. Las principales condiciones externas y componentes del nuevo contrato para hacer viable dicha reapertura son:
En las encuestas conocidas, es notoria la baja percepción de la gestión del gobierno, que mejora poco con el tiempo.
Tal percepción debería llevar al gobierno a tres decisiones:i) Buscar el mejor contrato posible, es decir, aquel que logre mayores ingresos con el menor costo ambiental posible.ii) Cerrar dichas negociaciones y anunciar sus resultados una vez superados buena parte de los efectos negativos de la actual guerra en Irán y antes de la lógica preelectoral.iii) Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación eficaz.
El nuevo contrato de explotación minera debería contemplar un modelo de gobernanza ambiental internacional, con auditorías externas permanentes de una empresa de prestigio y con informes públicos periódicos.
El nuevo contrato debería asegurar que los beneficios fiscales para Panamá sean iguales o mayores a los establecidos en los mejores contratos del mundo y superiores al contrato declarado inconstitucional.
En paralelo, el gobierno debería buscar el apoyo de fuerzas políticas y sociales para lograr la reapertura y establecer mecanismos transparentes sobre el uso de los recursos generados.
El nuevo contrato debería establecer un modelo de relación distinto con las comunidades aledañas, convirtiéndolas en aliadas del desarrollo minero.
A pesar de las diferencias entre la reapertura de la mina y la ampliación del Canal, el referéndum de la ampliación demuestra que los pueblos apoyan estas iniciativas cuando perciben que les convienen. La ampliación recibió un 77% del sí y un 22% del no, con una participación del 43% del padrón. Dicho respaldo se dio a pesar de que el gobierno de turno convocó el referéndum antes de la mitad de su mandato y con niveles de aceptación del 67%.
Por lo tanto, el gobierno actual debería trabajar en paralelo: mejorar su percepción pública, negociar los mejores términos del nuevo contrato minero y comunicar eficazmente ambas estrategias.
El autor es exministro de la Presidencia.
