Durante décadas, para el Estado panameño, las personas trans no existíamos. No podíamos cambiar nuestro nombre en los documentos y vivíamos entre la invisibilidad legal y la violencia cotidiana.
Tras años de luchas, reuniones y gestiones, finalmente se abrió una vía: el cambio de nombre y apellido por “uso y costumbre”. Yo fui la primera mujer en lograrlo legalmente a inicios del milenio, y desde entonces acompaño a otras mujeres trans en ese camino.
Este procedimiento exige presentar pruebas que demuestren el uso constante del nuevo nombre, contar con un abogado, cubrir los costos y esperar una resolución. Luego, hay que pagar por una nueva foto y acudir a la sede de cedulación para obtener una cédula que refleje nuestra identidad.
Aunque el proceso es engorroso, el trato por parte del Estado ha sido respetuoso. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Panamá, como parte del sistema interamericano de derechos humanos, debe adecuar su normativa conforme al artículo 4 de su Constitución y a la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana. No obstante, según el estudio VED (Violencia, Estigma y Discriminación), muchas mujeres trans que no han logrado el cambio de nombre enfrentan detenciones arbitrarias solo porque su documentación no coincide con su identidad. Incluso se les niega el libre tránsito.
Cambiar el nombre es un logro, sí, pero representa apenas el 35% de nuestra vida diaria. El resto está marcado por exclusión, como revelan los datos del estudio: en la escuela, en el trabajo, en los servicios de salud. Acompañar a compañeras trans en este proceso, desde los 18 hasta los 80 años, me ha enseñado que no se trata solo de un trámite legal, sino de un acto de afirmación y dignidad. Ver la emoción en sus rostros al recibir una cédula que refleja quiénes son es inolvidable.
El estudio VED revela otra realidad dolorosa: muchas mujeres trans han sido expulsadas de las escuelas porque su identidad no coincide con sus documentos. Esto ha generado un bajo nivel educativo en nuestra población, lo que limita el acceso a empleos dignos. Sin ingresos, muchas no pueden pagar abogados ni costear el cambio de nombre. Así se perpetúa un ciclo de exclusión que afecta el acceso a vivienda, seguridad social y jubilación.
La violencia estructural contra las mujeres trans en Panamá es constante. Dentro de la población LGBTIQ+, somos uno de los grupos más vulnerados, con escasas oportunidades de desarrollo pleno como ciudadanas.
No podemos seguir dependiendo de procesos administrativos, costosos y complejos, para acceder a lo que debe ser un derecho humano básico: el reconocimiento legal de nuestra identidad. Urge una ley de identidad de género clara, accesible y justa, que nos permita existir plenamente en la sociedad panameña. No puede ser que cada cinco años se nos pida el voto, pero nunca se nos devuelva en derechos.
Porque nuestra existencia no puede seguir siendo negociada.
Porque la dignidad no se mendiga: se legisla.
La autora es fundadora y directora de la Asociación Panameña de Personas Trans (APPT) Dirigió el estudio VED y es coordinadora del Observatorio LGBTIQ+ de Panamá.
