Si una empresa privada requiere dos puestos administrativos, en las administraciones públicas, por lo general, la política partidista nombra a cinco o más funcionarios. Muchas tareas no están definidas en los manuales de cargos ni se cumplen los perfiles del puesto. Para “justificar” los salarios, se crean nuevas funciones, quedando con pocas tareas en ciertos casos, o se nombra a personas sin la preparación académica requerida. Además, se improvisan jefaturas que no cuentan con el perfil ni la experiencia suficiente.
Existen manuales de cargo en ciertas instituciones del Estado para mantener un orden, pero en ocasiones utilizan el término “tareas afines”, que se usa para abusar al no estar definido ni explicado.
Las carreras administrativas no siempre se respetan. Donde debe existir una carrera por méritos, esta no funciona en ciertos puestos, lo que afecta el desempeño institucional, aunque no ocurre con la misma frecuencia en todas las entidades.
Los manejos acertados dependen de jefaturas que conocen bien el trabajo, pero hay algunas que pierden el sentido común y abusan de sus subalternos, incluyendo medidas de represalia, sobre todo en servicios con horarios rotativos y días feriados. Los puestos de trabajo, en muchas instituciones, se utilizan como cuota electoral cuando hay cambios de gobierno, despidiendo a funcionarios sin considerar su desempeño o eficiencia.
Además de la inestabilidad, los funcionarios de carrera con aumentos por antigüedad o méritos enfrentan retrasos en su aplicación, ya que dependen de evaluaciones de desempeño, como ocurre en sectores de salud, bomberos, policías y la carrera judicial. Estos ajustes no siempre son automáticos y pueden tardar meses, al igual que el pago de prestaciones al finalizar la carrera.
Por ello, muchos se retiran sin recibir sus prestaciones, que pueden alcanzar cifras importantes, y esperan años —incluso décadas— para recibirlas, como si no fueran derechos adquiridos.
Los funcionarios públicos de las décadas de 1970 y 1980 no contaban con escalafones ni carreras administrativas, lo que derivó en salarios congelados por años. Muchos se jubilaron con ingresos limitados, situación que aún no se ha corregido adecuadamente.
Hace una década se implementó el reconocimiento de estudios de especialidad en algunas instituciones, pero su aplicación ha sido irregular. El Estado continúa adeudando salarios, ascensos y otros derechos, trasladando estas obligaciones a futuras administraciones y acumulando millones en planilla que no deberían postergarse.
Esto explica por qué muchos jubilados continúan reclamando en las calles pagos pendientes, como salarios caídos, necesarios para sostener sus finanzas tras la reducción de ingresos.
Como consultor, nos hemos encontrado con situaciones penosas y lamentables en distintas administraciones, marcadas por estilos de jefatura que parecen sacados de películas. En ellas predomina una inteligencia emocional cuestionable, con conductas dignas de un estudio obsesivo compulsivo, que, sin embargo, son protegidas por intereses políticos, sin importar las consecuencias legales ni los daños que pueden ocasionar a terceros.
Si existe una verdadera intención de modernizar las estructuras del sector público, es fundamental cumplir con las prestaciones adeudadas y garantizar que las jefaturas sean evaluadas con criterios profesionales, evitando que los cargos sean utilizados para el abuso de poder.
El autor es especialista en salud pública y alta gerencia.
