El Consejo de la Concertación Nacional carece de legitimidad para reformar la Constitución Política de Panamá. La mal llamada Concertación es un organismo nombrado de a dedo para avalar las políticas de los gobiernos de turno revistiéndolas de una falsa apariencia de “consulta”.
La Concertación no ha sido electa por el pueblo, por ende, carece del principio de la representación. La Concertación tampoco ha recibido mandato popular para reformar la Constitución Nacional, por eso carece de representación y legitimidad.
En esta jugada antidemocrática participan: los grandes grupos económicos poderosos que se asocian en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), cuyo vocero en la Concertación es Enrique de Obarrio; los desprestigiados partidos políticos tradicionales, encabezados por el PRD y Panameñista; algunos sectores de la burocracia sindical; el gobierno saliente de Juan C. Varela; y el gobierno entrante de Laurentino Nito Cortizo, que ha decidido dar por bueno lo actuado por este ente.
La jugada antidemocrática para reformar la Constitución, sin convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, usando esta entidad mal llamada Concertación, es que el mecanismo habitual, mediante la Asamblea Nacional, está quemado de múltiples escándalos de corrupción. Tratando de ganar la legitimidad para un proyecto que, si pasaba por la Asamblea, nacería desprestigiado, se ha recurrido a un organismo que el pueblo no conoce ni sabía de su existencia.
Los sectores del poder político y económico que están detrás de esta manipulación antidemocrática buscan imponer algunos parches a la Constitución Política, que sirvan para engañar a la ciudadanía haciéndole creer que toda la corruptela antipopular del régimen se va a superar con algunas reformas cosméticas.
“Cambiar algo, para que nada cambie” en el fondo, en el típico gatopardismo de la política panameña, para seguir controlando los poderes del Estado, enriquecerse a costa de las finanzas públicas y continuar sacrificando al pueblo panameño a costa de sus derechos económicos y sociales.
Por eso, rechazamos esta burda maniobra antidemocrática y continuamos exigiendo una Asamblea Nacional Constituyente originaria, electa con garantías democráticas para que el pueblo ponga a sus verdaderos representantes en la función constitutiva mediante el voto, lo cual exige un método de elección que no puede ser el del fraudulento Código Electoral actual.
El autor es docente universitario