Opinión

El registro de naves, contribución de Panamá al Mundo

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Buques bandera panameña Buques bandera panameña
Buques bandera panameña Archivo - LP

El estrecho istmo, “cintura continental” entre los grandes océanos Pacífico y Atlántico hacen de Panamá un país único. La geografía señaló nuestro destino como camino de paso para la comunicación entre los pueblos. El istmo acortó las barreras entre el Atlántico y el Pacífico y a medida que el mundo se desarrollaba, esa pequeña barrera fue, a su vez, proyectándose como punto vital para el comercio mundial.

Del Camino de Cruces, camino transístmico y primera ruta multimodal de América en los años de la conquista española, se pasó al ferrocarril y luego a esa gran obra del ingenio humano: el Canal de Panamá. La historia de nuestra Nación está unida al mar y su destino es ser puente de unión entre países y continentes. Esa gran riqueza en lugar de afianzarse con la gran obra del Canal nos fue arrebatada por el Tratado Hay-Bunau Varilla.

Las cláusulas que favorecían al país fueron objeto de un vil atraco con la interpretación que impuso Estados Unidos. Los puertos excluidos por el tratado no fueron los puertos de La Boca y Cristóbal (los únicos existentes en el área) sino el Muelle Fiscal y el del Mercado Público, y en Colón el Folks River.

De un plumazo nos robaron nuestra riqueza, la posición geográfica y, como remate del atraco, convirtieron a las ciudades de Panamá y Colón en guetos sin futuro. En carta de 19 de enero de 1904, de Bunau Varilla a John Hay, dice: “En mi concepto la expresión “ciudades de Panamá y Colón” corresponde al espacio real cubierto efectivamente por las dos aglomeraciones de casas, y no puede entenderse que se refiera a ninguna definición administrativa que cubra una superficie teórica. Considero que los Estados Unidos no está obligado a ceder ni una pulgada fuera de la superficie real cubierta por las aglomeraciones en ambos casos, y que no puede surgir ninguna protesta si no permite que un espacio suburbano se añada a la superficie real para el desarrollo posterior de las poblaciones”.

Con esta definición no solo nos arrebataron nuestra riqueza sino que nos condenaban a la pobreza perpetua.

¿Quién fue, o quiénes fueron los panameños que se percataron de que el comercio marítimo se estaba globalizando y necesitaba de una bandera que no estuviera constreñida por la nacionalidad del propietario y de la tripulación, y que le permitiera al naviero mantener el control de su barco para operarlo eficientemente y así abaratar el costo del comercio mundial? No lo sé. Pero la lectura de la Gaceta en que aparece publicada la Ley 63 de 1917 indica que el Poder Ejecutivo estaba integrado por verdaderos prohombres de nuestra nacionalidad. El presidente era Ramón M. Valdés; Eusebio A. Morales, Secretario de Gobierno y Justicia; Narciso Garay, Aurelio Guardia, Guillermo Andreve y Antonio Anguizola ocupaban, respectivamente, las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Tesoro, de Instrucción Pública y de Fomento.

Primer abanderamiento

El “Belén Quezada”, de 1,141 toneladas, el primer barco mercante en lucir nuestra bandera, fue traspasado del registro canadiense al panameño, en Vancouver, Canadá.  Sus propietarios fueron un grupo de inversionistas centroamericanos, entre los cuales también había un panameño: Enrique Clare. El abanderamiento tiene fecha de 20 de agosto de 1919.  Los norteamericanos sospechaban que el barco había sido abanderado en Panamá para dedicarlo al contrabando de licor a Estados Unidos, en ese tiempo bajo la Ley Seca, pero nunca fue sorprendido en esa actividad. Su primera carga fue de madera hacia Cuba.  Como dato curioso, los costarricenses lo confiscaron  en Punta Arenas durante la guerra de Coto e iban a usarlo para trasladar 500 soldados ticos para invadir a Panamá, pero el conflicto había terminado.  Los ticos se quedaron con el “Belén Quezada” como presa de guerra y lo bautizaron como el “Costa Rica”. Terminó como chatarra en Guayaquil en 1925.

La utilidad del naciente registro para la marina mercante mundial se destaca con el abanderamiento de varias naves que habían sido tomadas durante la Primera Guerra Mundial por Estados Unidos como presas de guerra y no se quería que compitieran con los barcos norteamericanos.  Por ello, Estados Unidos los puso en venta, con la condición de que se abanderaran en otro registro. Los compradores decidieron abanderarlos en Panamá, registro que fue aceptado por el gobierno norteamericano que tenía que autorizar los traspasos de sus barcos a otras banderas.  Esta aprobación le dio reconocimiento necesario a nuestro registro que de ese modo empezó a crecer como una alternativa para que los navieros mantuvieran el control de sus naves y de sus tripulaciones. 

El primer naviero griego que utilizó la bandera panameña fue Aristóteles Onassis y lo hizo motivado por un conflicto con el cónsul de su país en Rotterdam derivado de la nacionalidad de un cocinero. Hoy en día los griegos, junto con los japoneses, son los mayores usuarios de nuestro registro.

Se perfecciona el sistema: la Ley 32 de 1927 sobre sociedades anónimas y la fuente territorial como criterio tributario

La bandera requería de un complemento para el manejo de la propiedad de la nave que, además, facilitara la obtención de financiamiento por parte de los navieros. Aunque el registro panameño permite que el propietario, persona natural o jurídica, sea de cualquier nacionalidad, en el mundo del comercio hacía falta una entidad cuyo manejo fuera sencillo pero que, a su vez, ofreciera seguridad jurídica a los propietarios y a los acreedores.  Para suplir este vacío, la creatividad de los panameños ideó la Ley 32 de 1927, conocida como Ley de Sociedades Anónimas. Se buscaba un instrumento jurídico que permitiera, en un mundo cada vez más interrelacionado, que ciudadanos de diversas nacionalidades pudieran hacer negocios entre sí en diferentes países.  Como modelo, los panameños utilizaron las leyes de los estados de Nueva York y Delaware, que precisamente habían sido promulgadas con la finalidad de facilitar los negocios de residentes de diferentes estados de la Unión. Panamá extendió ese concepto al mundo.  Complemento esencial de esta ley fue el sistema fiscal que nuestros prohombres crearon para Panamá al limitar el impuesto sobre la renta a la fuente territorial.  Por ello, los usuarios de nuestra bandera y de nuestras sociedades solo tenían que ocuparse de sus impuestos personales pero no de pagarle impuestos a Panamá por sus rentas de fuente externa. El impuesto territorial se constituye así en un elemento fundamental del sistema.

Razón de ser de los registros abiertos

Las naves son activos valiosos que están en el comercio. Se compran, se venden, se hipotecan, se fletan.  Requieren de oficiales y tripulaciones responsables para su manejo y de certificados internacionales (conocidos como Certificados Técnicos) para navegar y llegar a puertos extranjeros.  Además, necesitan profesionales competentes para los  trámites inherentes a este comercio y el respaldo, protección y servicios del Estado de  su pabellón.  La clave de  un registro Abierto exitoso es la de ser, ante todo, facilitadora para que las actividades que debe realizar el armador, desde el abanderamiento, financiamiento, régimen laboral, fletamento, y la obtención de los Certificados Técnicos, hasta llegar a la cancelación de su registro, ya sea por cambio de bandera o por desguace o hundimiento, se efectúen con rapidez y con seguridad jurídica.  Así, en el registro panameño el armador mantiene el control de su propiedad, y el financista, generalmente un banco especializado en créditos marítimos, tiene la seguridad que a su crédito le brinda la hipoteca panameña.  Aparte de esto, cuentan con el apoyo de  abogados panameños con una larga  tradición de competir ofreciendo buenos servicios y precios razonables y que, además, mantienen contactos con abogados y bancos del extranjero en los principales centros financieros marítimos. 

Otro apoyo fundamental del naviero es un eficiente cuerpo consular que atiende desde oficinas ubicadas en los principales puertos del planeta.  En un registro tradicional o cerrado, el armador o la empresa propietaria  de  la  nave están sujetos a una serie de controles establecidos por el país de la bandera que hace sumamente engorroso el manejo de la nave como instrumento de comercio.  No es correcta la afirmación de que los armadores buscan los registros abiertos para ahorrar impuestos.  Nada más alejado de la verdad.  Casi todos los países desarrollados subsidian su marina mercante pero a cambio imponen un costo para operar eficientemente la nave, particularmente en lo relativo a los requerimientos para la tripulación, además de que establecen reglas restrictivas para su venta a otros registros, que hacen muy demorada la operación.  El banco que financia al armador también es un factor determinante en la escogencia de la bandera, pues se requiere de un registro que no solamente sea una garantía para su crédito, sino que también le permita en caso necesario, disponer de la nave en forma expedita, y que el adquirente la pueda traspasar a otra bandera sin mayores trabas burocráticas.

Panamá, primer registro del mundo

Desde aquel primer mercante, el “Belén Quezada”, hoy, 100 años después, nuestro registro ha crecido hasta convertirse en uno de dimensión monumental.  El liderazgo de Panamá es absoluto, con un tonelaje casi dos veces mayor que el de Liberia y Marshall Island, sus más cercanos competidores, y casi cuatro veces mayor que el de Bahamas, que ocupa el cuarto lugar.

El tamaño de los registros puede apreciarse en relación a su porcentaje de contribución al presupuesto de la Organización Marítima Internacional (OMI).  Los diez más grandes contribuyentes (en Libras Esterlinas) al 2015 fueron: 

El registro ha sido dinámico y el sector que incluye a abogados, la Dirección de Naves, y el Registro Público, están en permanente evolución para acomodarse a los cambios en el sector y en las políticas globales de transparencia. También hay que mantener la guardia contra los ataques a que nos somete Estados Unidos, nuestro mayor competidor a través de los registros de Liberia y Marshall Island que son 100% de poderosos intereses norteamericanos. Para ahondar en esta competencia desleal puede encontrar la información en las páginas web de ambos registros.

Capítulos dramáticos en la historia y evolución del registro

Es muy poco conocido que a principios de los años 70 el registro estuvo a punto de ser eliminado. Es decir, Panamá dejaría de ser un registro abierto. Por razones principalmente de mi relación personal con el general Omar Torrijos recibí una llamada angustiosa de Panángel Kouruklis, (q.e.p.d.) en ese entonces Director de Secnaves. Me tenía que ver enseguida “por un asunto de vida o muerte”.  En ese tiempo Secnaves estaba en la Avenida Justo Arosemena en un edificio donde funcionaba una sucursal del City Bank. Allí me enseñó una nota del ministro de Hacienda, Lic. Miguel A. Sanchiz, ordenándole que por instrucciones del Jefe de Gobierno debía dar de inmediato los pasos para cancelar el registro. “Tienes que ayudarme a salvar el registro”, me dijo, “y debes hablar enseguida con el General Torrijos para que revoque esa orden”. Le prometí hacerlo en la tarde pero que me preparara un memo sobre la importancia del registro, sobre todo en lo económico y que debía ser muy breve. La información que suministró indicaba que el registro representaba ingresos al Estado por cerca de 11 millones de dólares. Preparé un memo y me fui a ver al general Omar Torrijos en la casa de calle 50, lugar donde despachaba cuando estaba en la ciudad. Estaba con un pequeño grupo viendo las noticias de la tarde en la televisión. La noticia del día era sobre la audiencia de Sylvano Ward, un asesino en serie de mujeres. Leyó mi memo por encima y me dijo “Si fueras el abogado de Sylvano tendrías más oportunidad de ganar el caso. Este lo tienes perdido”. En el pequeño grupo se encontraba mi amigo y compañero de la Facultad de Derecho, Ricardo Rodríguez (q.e.p.d.), quien también leyó el memo y le dijo a Omar: “General, Eduardo tiene razón. Yo conozco de la Marina Mercante porque trabajé en una firma que tiene esta actividad. Usted nos ha enseñado a cuidar el “frasco” (el presupuesto) y quitarle 11 millones no es poca cosa”. Torrijos ni lo miró y al retirarme Omar me alcanza y me dice: “Es como si hubiera agitado un zungo de cerveza y la espuma está saliendo por todos lados. Están llegando todos los cónsules de Europa. Vente mañana para que almorcemos los dos solos y hablemos del tema”. Durante el almuerzo me dice: “Yo no quiero cerrar el Registro pero tenemos que reformarlo”. Torrijos acababa de llegar de una visita a Europa y en los puertos todos los yates, hasta los botes, tenían la bandera panameña. Por supuesto había recibido quejas de que Panamá se estaba prestando para que los ricos no pagaran impuesto patrimonial por los yates. “La bandera”, me dice, “la han convertido en un trapo y esto es inaceptable”. El negocio de los cónsules era abanderar un yate y traspasarlo a una sociedad panameña y era el ingreso principal de estos funcionarios pero no había prácticamente nada para el Estado. En ese tiempo la sociedad todavía no pagaba tasa única anual (se establece en 1977) y el yate pagaba derechos con base al tonelaje. Así, un yate podía pagar hasta menos de un dólar por derecho de abanderamiento.

Así se inició un proceso de reformas para hacer más lucrativo el abanderamiento de yates, pero mucho más importante, que se hicieron reformas a la hipoteca naval del registro panameño para darle total seguridad a los bancos que financiaban la construcción y compra de naves de que su crédito quedaba respaldado automáticamente con la inscripción provisional  de la hipoteca. Este paso fue fundamental y tuvo mucho que ver el entonces cónsul de Panamá en Hong Kong, Gary Martín que, en la promoción de la bandera entre los importantes navieros hongkoneses, se dio cuenta de que la bandera del barco no la ponía el armador sino el banco financista. Con las reformas y el eficiente servicio de Secnaves y de los abogados marítimos panameños, los bancos adquirieron una total seguridad en el registro panameño.

La otra gran crisis

Durante la lucha contra el régimen de Manuel Antonio Noriega hubo eventos que si bien hicieron un daño enorme al país y a su economía, tal como el cierre del sistema bancario, se produce un hecho que afectó profundamente a nuestro registro de naves: el embargo por Estados Unidos a los barcos de nuestra bandera. Prohibieron que los barcos con bandera panameña pudieran atracar en sus puertos. Entre esta medida y la salida de Noriega del poder hubo muy poco tiempo y la misma fue revocada enseguida de encargarse el nuevo gobierno presidido por Guillermo Endara. No podemos olvidar la lluvia de faxes de los clientes pidiendo el cambio de bandera a otras jurisdicciones. Se iba a destruir en pocos días una institución que era clave para la globalización de la economía y para el desarrollo del país como potencia marítima.

Apademar y la protección del registro

La Asociación Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR) ha sido una barrera efectiva para enfrentar y que no prosperen las ambiciones de servidores públicos o personas influyentes de diferentes gobiernos; para que no afecten al Registro maniobras para aprovecharse de los múltiples servicios que presta Panamá a la comunidad marítima internacional. Son muy conocidos los casos en que se quiso monopolizar el renglón de los certificados para oficiales, la prestación de servicios técnicos, etc. Si bien muchos llegaron a hacerse efectivos, su duración fue frenada por las protestas de APADEMAR.

La competencia desleal

Los grandes competidores de Panamá son Liberia y Marshall Islands. Ambos ofrecen el Registro de Naves y de Sociedades Anónimas y se jactan de estar protegidos por los Estados Unidos (las dos son concesiones a poderosas firmas norteamericanas) y que están en la lista blanca de la OCDE. Es de reconocer que los últimos gobiernos no le han dado al sistema la protección que necesita y no han reclamado que al igual que a Panamá, se les exija que eliminen las acciones al portador, que como sabemos, son un instrumento muy valioso en el financiamiento bancario marítimo.

Una incursión a la página web de ambos registros destaca que tienen acciones al portador; pueden continuar sociedades de otras jurisdicciones reconociendo las acciones al portador y no tienen la obligación de conocer al cliente.

Para terminar esta breve historia de nuestro registro en su cumpleaños número 100, conmino a APADEMAR, a que tome la iniciativa para que el gobierno enfrente esta competencia desleal a una institución que ha dado grandes beneficios a nuestro país; que es ejemplo de la cooperación empresa privada-gobierno nacional; que produce empleos de primera línea en ambos sectores; que nos da un servicio consular de nación del primer mundo y que, desde su creación en 1917, ha producido ingresos de varios millones al Estado, todos provenientes del exterior. Más importante aún son las fuentes de trabajo y actividades que ponen a nuestro pequeño país como actor importante en el comercio mundial. En este sentido ha sido extraordinaria la contribución de los abogados panameños. Seguimos desarrollándonos en la actividad marítima que se complementa con leyes como la Ley de Sedes Regionales y el Tribunal Marítimo hace de Panamá un factor importante en la economía mundial. Algún día la sociedad panameña reconocerá ese gran aporte de nuestra profesión al desarrollo humano y a la economía de nuestro pequeño pero gran país.

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