El poder es para ejercerlo, como planteó Michel Foucault en sus análisis sobre el biopoder. En efecto, eso es lo que hacen nuestros gobernantes: ejercer su poder según sus intereses. En algunas ocasiones, este ejercicio puede propiciar el progreso; en otras, puede suponer una regresión. Eso es lo que nos preocupa profundamente en esta coyuntura: la regresión política. Se vislumbran en el futuro inmediato reformas importantes en materia educativa y laboral. Estamos, pues, ante un escenario de regresión y reflujo político. La correlación de fuerzas de contrapeso al poder está fuertemente golpeada.
La primera de esas reformas es una deuda pendiente del siglo pasado, pero en estos momentos no puede considerarse auténticamente democrática, debido a las represalias desmedidas contra los gremios docentes. No es posible emprender una reforma de tal envergadura sin la participación de este sector, como tampoco sin la de toda la comunidad educativa en su conjunto. Panamá tiene uno de los códigos de trabajo más proteccionistas, y con la actual cartera ministerial se advierte un grave retroceso, en particular en materia sindical.
En la coyuntura actual, observamos un preocupante retroceso en términos de derechos, libertades y condiciones materiales de vida. La falta de un contrapeso efectivo al poder gubernamental ha debilitado las instituciones democráticas, generando un clima de descontento generalizado. Este fenómeno de regresión y reflujo no solo afecta a los sectores más vulnerables, sino que también socava la legitimidad de las reformas posibles, que parecen más orientadas a intereses particulares que al bienestar colectivo.
La situación se agrava aún más por la ausencia de diálogo con los gremios y la sociedad civil. Las reformas, especialmente en el ámbito educativo, no pueden ser efectivas ni justas sin la participación de los docentes y de la comunidad en general. La historia enseña que las reformas impuestas desde arriba, sin consenso, tienden a fracasar o a generar resistencia. En Panamá, en el contexto actual, las intenciones de cambios al Código de Trabajo reflejan una visión que prioriza el debilitamiento de las fuerzas sindicales sobre el diálogo y la colaboración.
Advertimos sobre el peligro de imponer cambios sin el apoyo de los sectores interesados, recordando que las reformas impuestas desde arriba suelen fracasar. Es necesario que los gobernantes reconozcan la urgencia de construir puentes, no de dinamitarlos, y que prioricen el diálogo tripartito y el bienestar colectivo sobre los intereses particulares.
El autor es doctor en filosofía.
