En Panamá, hablar de seguridad no debería limitarse a los delitos o al tránsito: también debemos referirnos a los riesgos invisibles que acechan dentro de nuestros propios hogares. Uno de ellos es el gas licuado de petróleo (LPG), que se utiliza en las cocinas y calentadores de agua. Este ha cobrado vidas, destruido edificios y dejado heridas imborrables. Y, sin embargo, sigue sin contar con una regulación moderna y obligatoria que proteja a las familias panameñas.
El año pasado, el diputado suplente Gabriel Solís presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley N.º 223, conocido como la ley del detector de gas. Su propósito era tan simple como sensato: obligar la instalación de detectores de gas en edificios bajo el régimen de propiedad horizontal. Una medida técnica, económica y probadamente eficaz en otros países. Pero el proyecto fue sepultado por razones políticas, quedando archivado mientras las fugas y explosiones continúan.
Como ingeniero, sé que las instalaciones de gas en torres y condominios tienen un riesgo inherente: una pequeña fuga puede acumularse y transformarse en una explosión devastadora. Como abogado, comprendo que sin normas claras las responsabilidades se diluyen y las víctimas quedan atrapadas en un laberinto de culpas sin reparación. Por eso, creo firmemente que la regulación salva vidas.
En los últimos años, Panamá ha registrado múltiples tragedias por este tipo de siniestros:
En 2019, la explosión del PH Costa Mare dejó un bebé muerto y varios heridos.
En 2021, el PH Vista del Rocío, en Villa Zaita, sufrió daños graves por una fuga.
En 2022, la explosión del PH Urbana, en Obarrio, dejó más de 20 personas heridas.
En 2025, en el PH Alsacia Towers, una persona perdió la vida y dos resultaron heridas.
El Benemérito Cuerpo de Bomberos reporta más de 500 emergencias por fugas de gas cada año. Son cifras que deberían estremecernos como sociedad.
Cada una de estas tragedias tiene un denominador común: pudo haberse evitado con un simple detector, un dispositivo que cuesta menos que una comida familiar. Pero en Panamá seguimos confiando en la “autorregulación”, es decir, en que cada edificio o cabeza de familia haga lo que quiera. La experiencia ha demostrado que eso no funciona. Cuando no hay norma, no hay control; y cuando no hay control, tarde o temprano hay tragedia.
La regulación no es un capricho burocrático: es el marco que protege lo esencial, la vida. No se trata de imponer cargas, sino de establecer estándares mínimos que eviten el dolor evitable.
Por eso, desde mi doble mirada técnica y jurídica, hago un llamado respetuoso y público al diputado Alaín Cedeño Herrera, colega ingeniero, para que retome esta iniciativa legislativa junto con el diputado Solís. Panamá necesita con urgencia reactivar este proyecto, revisarlo si es necesario, pero no dejarlo morir. No podemos esperar a la próxima explosión para actuar.
Los detectores de gas deberían ser tan comunes como los de humo. No porque la ley lo diga, sino porque la razón y la experiencia lo exigen. Pero si la razón no basta, que hable la ley.
El autor es decano Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad Interamericana de Panamá.
