Estimados Sres. de La Prensa:
Por este medio, me dirijo a ustedes en relación a dos artículo publicados en su medio:
“Las cuentas andorranas de Odebrecht que implican a la familia Papadimitriu” el día 12 de octubre de 2024 y “La denuncia de Sidney Sittón contra Jimmy Papadimitriu y su secuela en el caso Odebrecht” el día 22 de octubre de 2024.
En ambas noticias me mencionan sin fundamento, insinuando mi supuesta vinculación con fondos relacionados con Odebrecht y la Banca Privada de Andorra (BPA).
Es necesario aclarar los hechos y hacer uso de mi derecho a réplica, ya que en repetidas ocasiones se han pisoteado mis derechos constitucionales y humanos, violentando el principio de presunción de inocencia, consagrado en el Artículo 8 del Código Procesal Penal y en el Artículo 22 de la Constitución Nacional.
Primero quiero dejar claro lo siguiente: A las investigaciones y audiencias, me presente de manera voluntaria a rendir la indagatoria. Fui indagado voluntariamente en septiembre de 2017, levantandome el fuero penal electoral del que gozaba por ser candidato a Convencional, convencido de mi inocencia.
Sin relación con Odebrecht ni BPA. Como prueba de esto a solicitud, destaco que el propio BPA, respondió a solicitud realizada por mi persona, que no soy ni he sido cliente de ellos. Esta correspondencia cuenta con toda su cadena de custodia. No he tenido ninguna relación con Odebrecht más allá de los términos legales de mi cargo público y tampoco tengo vínculos con la BPA, Westfall Holding, S.A., ni AEON Group, Inc. De hecho, ALCOGAL, agente residente de Westfall Holding, ha certificado que no soy ni suscriptor, ni dignatario, ni accionista, ni beneficiario directo o indirecto de dicha sociedad.
Sin beneficio económico: Desde mayo de 2015, el Ministerio Público ha tenido acceso a todas mis cuentas bancarias, sin que hasta la fecha haya encontrado indicio alguno de que he recibido dinero de Odebrecht, Westfall Holding, S.A., AEON Group, Inc., o cualquier persona o entidad relacionada directa o indirectamente con estas sociedades. La Fiscalía ha sido incapaz de probar con evidencia idónea las acusaciones de blanqueo de capitales en mi contra. Tan real es esta afirmación, que la propia Corte Suprema de Justicia de Panamá, el 16 de noviembre de 2017, al resolver un hábeas corpus, presentando a mi favor, expresó “no se hace referencia a otros presupuestos, pruebas o documentos bancarios y contables, que establezcan, movimientos directos del recurrente…”.
Coacción: La Fiscalía ha basado parte de sus acusaciones en los testimonios de Jorge Espino, quien, según tengo entendido y se puede comprobar en los Varela Leaks, mantenía comunicación con el ex Presidente Juan Carlos Varela y la procuraduría paralela mediante la ex Viceministra de Obras Públicas, Marietta Jaén, fue coaccionado y le prometieron acuerdos en intercambio por su colaboración ya que estaba involucrado en otros casos de corrupción ajenos a mi. No existe prueba alguna en el expediente que demuestre que Espino haya recibido, depositado o transferido dinero en mi beneficio o que yo haya recibido fondos de las sociedades mencionadas. Estas acusaciones carecen de sustento y solo buscan dañar mi reputación.
Sigan la ruta del dinero: Reitero que no he recibido ni un solo centavo de Odebrecht, Westfall Holding, S.A., AEON Group, Inc., o cualquiera de sus representantes. Pido que se siga la ruta del dinero para demostrar la verdad, ya que no tengo relación alguna con los fondos mencionados en las investigaciones.
Solicito que esta réplica sea publicada en su medio, tanto en la versión impresa como en la digital, para aclarar y corregir la información errónea difundida en mi contra. Estoy disponible para cualquier aclaración adicional que consideren necesaria.
Atentamente,
Jaime Ford Castro
Nota del editor:
En respuesta al señor Jaime Ford Castro, este medio disiente de sus planteamientos:
Ford indica que es mencionado “sin fundamento” en las dos noticias a las que hace alusión. Esto es falso. El fundamento de su mención en ambas notas se basa en el hecho de que es uno de los imputados en el caso Odebrecht, junto a varias decenas de personas, y tendrá que presentarse al juicio para hacer frente a las acusaciones en su contra por parte del Ministerio Público (MP).
Ford también niega su vinculación con fondos relacionados con Odebrecht y la Banca Privada de Andorra (BPA). Esa vinculación nace del testimonio de Jorge Espino Méndez, imputado en este caso, quien suscribió un acuerdo de colaboración y de pena, aceptando la comisión del delito de blanqueo de capitales. La supuesta participación de Ford en la trama de corrupción surge porque, según Espino, iba a construir con él una hidroeléctrica en la que ambos serían socios al 50% cada uno. Espino indicó que el dinero de Ford para el proyecto provenía de Odebrecht.
Ford afirma que “no soy ni he sido cliente” de la BPA, hecho que confirmó el banco. No obstante, en sus declaraciones, Espino indicó al MP –como parte de su colaboración– que Ford no podía aparecer como accionista de la hidroeléctrica porque era funcionario público, es decir, lo que los bancos denominan una persona políticamente expuesta, un PEP. De ahí la necesidad de crear la sociedad Westfall Holding, S.A. –receptora de los fondos de Odebrecht– para enmascarar su identidad, narró Espino a los fiscales, aclarando también que él era el supuesto beneficiario final, pero solo en papel.
Uno de los operadores financieros de Odebrecht –Luis Eduardo da Rocha Soares– también señala a Ford. Dijo a los fiscales que, si bien la sociedad Westfall Holding era de Jorge Espino, los fondos estaban relacionados con el Ministro de Obras Públicas (MOP). Además, un testigo protegido reveló que en el sistema Drousy –utilizado para destinar los fondos a los coimeados o a sus testaferros– los pagos generados bajo el seudónimo “Explorer” correspondían a Jaime Ford Castro.
Por último, el exsuperintendente de Odebrecht en Panamá, André Campos Rabello, hizo, por separado, la misma narrativa que Espino. Según Rabello, el proyecto hidroeléctrico no le interesaba. No obstante, como era una petición del entonces ministro de Obras Públicas, Odebrecht quería mantener ese acercamiento porque tenían varios proyectos en dicha institución y no querían que se les atrasaran ni las obras ni los pagos pendientes. Rabello agregó que por eso aceptó pagar el dinero solicitado, el cual, en su momento, era para cubrir los gastos de estudio de factibilidad, el otorgamiento de la concesión de la hidroeléctrica y otros.
Las réplicas son publicadas como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.
