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Representación política e interés ciudadano

Representación política e interés ciudadano
Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional, órgano que preside el diputado perredista Crispiano Adames. Román Dibulet

Más allá de las distintas teorías que se han expuesto para tratar de explicar la problemática de la representación política, lo cierto es que quien ha sido elegido democráticamente para ocupar un cargo de representación popular, como el de diputado, debe tener como referencia, en el ejercicio de tal cargo, una serie de criterios propios de lo que se espera que sea un diputado.

Así, por ejemplo, el diputado debe tener presente que, cuando propone un proyecto de ley, lo que se busca es afrontar y resolver un problema que afecta a una gran mayoría de la población. De igual manera, cuando formula una propuesta legislativa, esta debe ser el producto de consultas, estudios y análisis del tema objeto de dicha propuesta. Por otra parte, el diputado debe saber que proponer un proyecto de ley implica lograr, por parte de la ciudadanía, la identificación necesaria y suficiente con lo planteado, a fin de recibir un respaldo popular amplio. En definitiva, la propuesta legislativa debe ser sentida como una iniciativa legítima y necesaria por la ciudadanía.

Pues bien, la propuesta legislativa promovida para tipificar como delito lo denominado “fraude de paternidad” pareciera no responder a ninguno de los criterios antes expuestos. Difícilmente existirán los miles y miles de panameños supuestamente víctimas de lo que se pretende convertir en delito. Por el contrario, lo que sí existe en nuestro país es un número considerable de casos de paternidad irresponsable, de hijos desamparados y privados incluso de lo mínimo para su manutención. Si a ello se suma la elevada incidencia de violencia doméstica y de violencia asociada a esa paternidad irresponsable, las cifras resultan alarmantes.

Lo paradójico de todo esto es que, cuando hace poco se presentaron ante la Asamblea Nacional proyectos de ley para reforzar la lucha contra la corrupción, el argumento que imperó para rechazarlos fue que no hacían falta más leyes para enfrentar los actos de corrupción. Y ahora se presenta esta “brillante” iniciativa. Qué contradicción.

Con razón alguien dijo, con notable acierto, que “cuando los gobiernos fueron cayendo gradualmente, los políticos tuvieron que buscar oficios honestos; algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos”. Qué sabio fue quien así se expresó.


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