Empezamos un nuevo año y, en Panamá, el tránsito se ha convertido en uno de los principales retos de seguridad pública. Las calles y carreteras del país, que deberían ser espacios de movilidad segura, siguen siendo escenario de accidentes que dejan heridos, discapacidades permanentes y, en el peor de los casos, muertes que pudieron evitarse. La raíz del problema es conocida: el desconocimiento y, sobre todo, el incumplimiento del reglamento de tránsito.
Las cifras reflejan una realidad alarmante. Datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo y de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) indican que durante 2025 se registraron más de 40 mil accidentes de tránsito en Panamá, con cerca de 300 víctimas fatales a nivel nacional. Esto significa que, en promedio, casi una persona pierde la vida cada día en las vías del país, una estadística que debería encender todas las alarmas.
La mayoría de estos accidentes no son producto del azar. Se repiten las mismas causas año tras año: exceso de velocidad, distracción al volante, uso del teléfono celular mientras se conduce, consumo de alcohol y drogas, y el irrespeto a señales básicas como semáforos, altos y pasos peatonales. Todas estas conductas están claramente prohibidas por el reglamento de tránsito, diseñado precisamente para prevenir tragedias.
Desde la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre se ha insistido en que el problema no es la falta de normas, sino la falta de conciencia. La ATTT ha reiterado que el objetivo principal del reglamento de tránsito es prevenir accidentes y proteger la vida de todos los usuarios de la vía, subrayando que la mayoría de los siniestros fatales pudieron evitarse con una conducta responsable.
Uno de los factores más preocupantes en Panamá es la velocidad. Muchos conductores exceden los límites establecidos creyendo que llegarán más rápido o que tienen pleno control del vehículo. La realidad demuestra lo contrario: a mayor velocidad, menor capacidad de reacción y mayor probabilidad de muerte en un impacto. Respetar los límites no solo reduce accidentes, sino que disminuye la gravedad de las lesiones cuando estos ocurren.
Los peatones también forman parte de esta problemática. Una parte significativa de las víctimas fatales corresponde a atropellos. Cruzar fuera de las zonas señalizadas, no utilizar los puentes peatonales o ignorar los semáforos son prácticas comunes que ponen en riesgo la vida. A esto se suma la falta de respeto de algunos conductores hacia el derecho de paso del peatón, creando una combinación peligrosa tanto en zonas urbanas como rurales.
Las consecuencias de los accidentes de tránsito van mucho más allá de las estadísticas. Cada víctima fatal deja una familia en duelo y un impacto emocional profundo que puede durar toda la vida. Además, el sistema de salud pública enfrenta altos costos por la atención de emergencias, cirugías y rehabilitación de personas que sobreviven, pero quedan con secuelas permanentes. La pérdida de productividad y el impacto económico también afectan al país en su conjunto.
Ante este panorama, la educación vial se vuelve una herramienta clave. No basta con aprender el reglamento para obtener una licencia; es necesario reforzar constantemente el conocimiento y crear una cultura de respeto en las vías. Las campañas de la ATTT, los operativos de control y las sanciones cumplen una función importante, pero el cambio real depende de la responsabilidad individual de cada ciudadano.
Cumplir el reglamento de tránsito es, en esencia, un acto de respeto por la vida propia y ajena. Cada señal obedecida, cada límite de velocidad respetado y cada decisión responsable al volante contribuye a reducir una cifra que hoy preocupa en Panamá. Es responsabilidad de todos: conductores, peatones y autoridades de tránsito. En un país donde cientos de personas mueren cada año por accidentes viales, respetar las normas no es una opción: es una obligación social.
La autora es abogada.
