Hace 25 años, ocupaba el cargo de Ministro de Comercio e Industrias, recién emergiendo de varios años de confrontaciones en las calles y de una invasión militar que, junto con el saqueo del 80% de los comercios en la capital, la deuda pública y las exiguas arcas que dejaron en el Banco Nacional, fue la herencia recibida por el gobierno electo de Guillermo Endara. Un peor legado están dejando los gobiernos totalitarios y populistas en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Millones de sus ciudadanos emigran cada año buscando alguna respuesta en otros lares donde existe la democracia y se respetan los derechos y libertades ciudadanas. Son miles los opositores a estos regímenes que son torturados, asesinados o privados de su libertad y, aun así, muchos siguen estas ideologías socialistas, creyendo sus cantos de sirena o, peor aún, dejándose utilizar para crear caos o impedir que prosperen proyectos que podrían significar puestos de trabajo dignos y desarrollo social en sus comunidades.
Por supuesto que hay manzanas podridas en todas partes, a todos los niveles y en todas las comunidades, pues las garras de la corrupción aparecen donde menos esperamos y, a pesar de que son pocos, están bien financiados y hacen mucho ruido. En nuestro bello país todavía disfrutamos de libertades, en ocasiones hasta de libertinajes, y podemos elegir cada cuatro años a nuestras autoridades, aunque muchas veces elegimos mal o no tenemos alternativas disponibles; pero, al final, podemos protestar públicamente sin temor a ser torturados o encarcelados.
Tristemente, sigo observando que esas fuerzas del mal insisten en imponer sus ideologías trasnochadas y autoritarias, buscando la forma de hacerse del poder para llevarnos al caos y la ruina, como ha ocurrido en otras latitudes. Ya pasan de cinco los últimos gobiernos democráticamente electos que han prometido hacer cambios a la Constitución de hace 54 años, aprobada entonces por los 505 representantes de corregimientos, quienes realmente representaban a la dictadura de turno. Incluso hicieron cambios a la medida del régimen para poder lograr la firma de los tratados Tratados Torrijos-Carter, que, si bien nos devolvieron la soberanía en la zona del Canal, también anularon un desfavorable intento de elecciones populares y dejaron en sumisión a los demás poderes del Estado frente al Ejecutivo de turno.
Según la actual Carta Magna, el artículo 314 establece claramente que se podrá adoptar una nueva Constitución a través de una “Asamblea Paralela”, convocada por el Ejecutivo y ratificada por el Legislativo, y que el Tribunal Electoral deberá convocar una elección de 60 constituyentes, quienes deberán hacer los cambios en un periodo de hasta seis meses. Dicho lo anterior, vemos que el presidente José Raúl Mulino tomó la decisión de convocar una llamada “Asamblea Constituyente Originaria” a través de una “Alfabetización Constitucional”, que, dicho sea de paso, no existe en la actual normativa. Además, ya anuncian, sin definir la ruta, la elección de constituyentes para el 2027, proceso que aún no ha sido dispuesto por el Tribunal Electoral.
Sin embargo, no está claro qué institución va a realizar los comicios, cómo se garantizará la pureza del proceso, de qué forma y en qué proporción se van a elegir los constituyentes en los circuitos provinciales, cuáles serán los requisitos mínimos de los aspirantes ni de dónde saldrán los recursos para su realización. Si bien me parece necesaria una reforma constitucional, el actual proyecto no solo deja muchas incógnitas de dudosa legitimidad, sino que, según reputados constitucionalistas consultados, el camino adoptado sería inconstitucional.
Me preocupa que una reforma mal concebida, dirigida o con sesgos populistas pudiera convertirse en un rechazo similar a los intentos de Chile, Bolivia o Perú, agravando la ya frágil paz social con nuevos conflictos y confrontaciones públicas y provocando, como consecuencia, otra paralización de la economía, mayor desempleo y la pérdida del necesario grado de inversión.
El actual gobierno ha enderezado bastante el rumbo equivocado del anterior, pero todavía quedan muchos pendientes importantes en la bitácora, los cuales se verían afectados o suspendidos, y capaz que quedaríamos sin hacha, ni calabaza, ni miel. Sé que es difícil aprender en cabeza ajena o tocar retirada en medio de la batalla, pero, honestamente, este país y la mayoría de los buenos ciudadanos no se merecen otro Waterloo.
El autor fue ministro de Comercio e Industrias y embajador de Panamá tanto en Washington como en Italia.
