Hoy, termino la serie de artículos sobre el tema de los medicamentos, el desabastecimiento, los precios, la Caja del Seguro Social y toda la cadena de enredos que nos lleva al calvario que vivimos los panameños a la hora de conseguir medicinas. Bien sea porque las instituciones públicas de salud no disponen de lo indicado o que cuando vamos a farmacias privadas pagamos unos precios increíblemente altos en comparación con otros lugares, el caso es que tratar enfermedades en nuestro país no es tarea fácil. Así que recapitulemos…
Desde el primero de los artículos ya hace casi dos meses, mucha gente se me ha acercado para hablarme de sus experiencias, bien sea como médicos que recetan o como pacientes que requieren medicamentos. Es muy poco lo bueno que se escucha. Además, hace unos días tuve la oportunidad de conversar con personas relacionadas con el negocio de importación de medicamentos (tanto en Panamá como en otros países) y de veras que el asunto es complicado.
Lo de los precios es un misterio. Los fabricantes atribuyen a los intermediarios y los distribuidores atribuyen al fabricante. Elementos como el tamaño de los mercados o los controles que exige Panamá, si bien pueden contribuir al costo, no terminan de explicar que, comparado con otros países, paguemos entre 800% y 2,000% más. Cuando se conversa con los involucrados, se percibe una genuina intención de mejorar la situación. Pero no pasa nada...
Las normas tampoco ayudan mucho. Desde rechazar una receta porque la fecha no está escrita con la misma letra del médico, o que en vez de poner “dos veces al día” se puso el estandarizado “bid”, las razones por las que no se despachan los medicamentos parecen sacadas del guión de una película de Cantinflas. Por momentos sospecho que hay quienes disfrutan rechazando prescripciones y haciendo que los pacientes tengan que ir y venir infinitas veces al consultorio. Y, como la reglamentación no está del todo clara, cada uno rechaza por lo que le da la gana. A fin de cuentas, para alguna gente es vital sentir que tienen sus cinco minutos de autoridad para “exigir cumplir la reglas”.
La junta directiva de la CSS tiene que discutir y tomar decisiones hasta para fijar la sanción que se impondrá a un guardia de seguridad que le mostró altivamente el dedo medio a un directivo.
El Seguro Social sospecho que ya no tiene solución. Por donde se mire no funciona. Bien sea por la hipertrófica burocracia o por haber usado la institución por décadas como agencia de empleo para pagar favores políticos (léase nombrar botellas), el caso es que no hay manera de encontrar algo que funcione eficientemente en ese enredo. El tema del desabastecimiento parece ser producto de una pirámide de procedimientos que finalmente llevan a que no se tengan los inventarios necesarios para suplir las necesidades de los asegurados. Las incontables impugnaciones contra los procesos de licitación hacen que las medicinas se agoten y obligan a los asegurados a tener que acudir a las farmacias privadas a pagar a precio de oro las medicinas por las que llevan cotizando años. Y lo peor es que ya todo el mundo parece haber normalizado que no haya el medicamento que el médico les indicó.
Pero lo inaudito de la CSS no es solo en lo referente a los medicamentos. Hace poco, me comentaban lo que pasa en la junta directiva y uno no da crédito de lo que se cuenta. Para comenzar, está conformada por representantes de todos los grupos interesados en que el Seguro funcione. Allí están médicos, enfermeras, jubilados, empleados públicos, administrativos, obreros, empresarios y quién sabe cuántos más. Obviamente, la idea de todas esas representaciones es que todos velen por mejorar el funcionamiento de la institución. Pero eso no funciona así. Todos esos representantes funcionan como gremialistas, que solamente les preocupa defender los intereses de su grupúsculo, así sea a expensas de desbaratar la Seguridad Social. Y lo arcaico de los procedimientos también es increíble. Ya mencioné que las actas de las reuniones se toman en taquigrafía. Eso equivale a que se enseñara en las escuelas escritura cuneiforme en pedazos de piedra. Teniendo programas de reconocimiento de voz que toman dictados directamente, no puede haber justificación para semejante anacronismo. Bueno, salvo que sea para resguardar el salario de los taquígrafos. En otra de las anécdotas, la junta directiva tiene que discutir y tomar decisiones hasta para fijar la sanción que se impondrá a un guardia de seguridad que le mostró altivamente el dedo medio a un miembro de la directiva. En fin, esta cosa no tiene agarradero...
Pero, ¿hay solución? Aunque yo no tengo nada que ver en las decisiones, después de haber escuchado alternativas, me parece que lo mejor sería funcionar como funcionan las farmacias en Europa. Todos los pacientes (incluyendo asegurados) pueden ir a cualquier farmacia a conseguir sus medicamentos. Tendrían que pagar un pequeño porcentaje de copago y el resto lo cancelaría la CSS. Obviamente, esto no podría ser pagado a 120 días, sino como máximo dos semanas. Así mismo, el Estado tendría verdadero interés en que los precios no fueran tan altos, para garantizar mejor la utilización del presupuesto. Obviamente, no faltará quien salga rasgándose las vestiduras acusándome de pretender privatizar el Seguro Social... Digan lo que digan, lo que sí es un hecho es que no podemos seguir en este calvario cada vez que hay que conseguir un medicamento. Y, si esto no se arregla, tarde o temprano hará crisis. Luego, que no se quejen...
