En Panamá, los retenes policiales dejaron de ser un mecanismo excepcional de seguridad para convertirse en una práctica rutinaria y abusiva, sin asidero jurídico que la respalde. Lamentablemente, no son operativos estratégicos, temporales ni objetivos; más bien funcionan como un recurso burdo para encubrir la falta de inteligencia criminal y trasladar a la ciudadanía en general el costo de la incompetencia de los altos mandos policiales.
No sirven para prevenir conductas delictivas, no responden a inteligencia criminal e ignoran derechos fundamentales. Sirven, únicamente, para aparentar control donde claramente no lo hay.
Se instalan retenes improvisados, en zonas oscuras, sin señalización adecuada y en horarios críticos, deteniendo indiscriminadamente a miles de ciudadanos que no son sospechosos de nada. No hay causa concreta, no hay explicación clara y, con frecuencia, tampoco hay coherencia en lo que se solicita o revisa.
Peor aún es la carencia de criterios uniformes. Un día detienen a todos los conductores; otro día, solo a motociclistas; al siguiente, se revisan documentos que nada tienen que ver con la finalidad declarada del operativo. No podemos culpar al agente que cumple órdenes en la calle, sino a los directivos policiales con falta de liderazgo y capacitación, que han renunciado a pensar la seguridad y han optado por la vía fácil: molestar al ciudadano honesto para simular presencia del Estado.
La Constitución Política de la República de Panamá es clara y no admite interpretaciones creativas convenientes. El artículo 27 garantiza el derecho al libre tránsito, mientras que el artículo 21 protege la libertad personal y prohíbe detenciones o molestias arbitrarias.
Estos derechos solo pueden ser limitados de manera excepcional, bajo criterios específicos de proporcionalidad, necesidad e indispensable legalidad, principios ampliamente desarrollados por la doctrina constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa al respecto. En múltiples fallos ha sostenido que “la discrecionalidad administrativa no puede confundirse con arbitrariedad” y que toda actuación estatal debe estar “debidamente motivada, ser razonable y proporcional al fin que se persigue”. También ha advertido que “ninguna autoridad puede ejercer sus funciones de manera caprichosa bajo el pretexto del interés público”.
La Corte ha señalado, además, que “toda limitación a un derecho fundamental exige una causa concreta y verificable”. Cabe entonces preguntarse: ¿cuál es la causa cuando se detiene a miles de conductores que no han cometido infracción alguna? La respuesta es incómoda, pero evidente: no hay causa, sino improvisación.
La Ley de Tránsito y las normas administrativas facultan a la Policía Nacional a realizar controles, sí, pero no a hacerlo de forma mecánica, repetitiva y sin inteligencia previa. Un retén no puede ser el sustituto de la investigación ni la coartada de la falta de análisis criminal.
A los directivos de la Policía Nacional de Panamá conviene decirles con claridad: la seguridad pública no se construye con conos, linternas y filas interminables de vehículos. Se construye con tecnología, inteligencia, coordinación interinstitucional y mandos competentes, bien estructurados. Persistir en retenes indiscriminados no es una estrategia; es una confesión abierta de fracaso direccional.
Un Estado serio está obligado a evaluar impacto. ¿Dónde están los informes que demuestren que estos retenes reducen el crimen organizado, los homicidios o los robos? ¿Dónde están los análisis de riesgo, las métricas y los resultados sostenibles? No existen, porque el retén no es una política pública.
Estas acciones abusivas, disfrazadas de operativos, no responden a ningún análisis criminal, mapas de calor del delito ni inteligencia previa. Responden a la más peligrosa tentación de la administración pública: hacer ruido para aparentar gestión. Es el equivalente policial de barrer el polvo debajo de la alfombra y llamarlo orden.
Peor aún, estos operativos erosionan la legitimidad de la Policía Nacional. Promueven la desconfianza, cansan al ciudadano y normalizan el abuso. Cuando la autoridad actúa sin límites claros, deja de ser autoridad y se convierte en un problema más para la ciudadanía.
Conviene aclararlo: el problema no es la existencia del retén en sí, sino su uso indiscriminado y mal planificado. Panamá no necesita más retenes; necesita mandos que respeten la Constitución, entiendan la jurisprudencia y gestionen con criterio. El ciudadano no está obligado a sacrificar su dignidad, su tiempo y sus derechos para compensar la incapacidad de quienes dirigen la seguridad de este país.
La ciudadanía no pide impunidad. Pide legalidad, respeto y eficiencia. Exigirlo no es un ataque a la Policía; es un acto legítimo de defensa del Estado de Derecho.
El autor es abogado.
