Panamá guarda un tesoro silencioso bajo el óxido y la maleza de sus barrios y campos. Entre 60 y 100 infraestructuras escolares permanecen vacías a lo largo del territorio nacional. No debe confundirse este escenario con los otros dos grandes retos de nuestra educación: las escuelas activas con estructuras deficientes y las dolorosas escuelas rancho, con piso de tierra, que exigen inversión directa. Estamos ante una tercera categoría de inmuebles: edificios que, por el envejecimiento de los barrios, la migración de la población hacia la periferia o la construcción de modernos centros educativos, se quedaron sin estudiantes. Estas estructuras son activos semilla que esperan ser transformados en motores de microeconomía.
El caso del antiguo edificio del Colegio Abel Bravo, en Colón, es un faro de lo posible cuando un inmueble inerte recibe un nuevo propósito. Su rehabilitación demandó una inversión estatal de 27 millones de dólares, una cifra monumental que no podrá replicarse en cada esquina del país. Para que el rescate sea masivo, ágil y sostenible, la Asamblea y el Ejecutivo deben mirar hacia una ley de reuso de infraestructura pública que desburocratice y autorice la participación de municipios, ONG y, crucialmente, del sector privado, para convertir este abandono en una auténtica fábrica de futuro.
Para sacudir la inercia institucional, la voluntad política debe materializarse en dos pasos técnicos inmediatos. Primero, levantar un censo nacional de infraestructura vacía que separe estos edificios de la red escolar activa, otorgándoles un estatus jurídico especial. Segundo, crear una normativa de desburocratización que permita que, si un inmueble ya no es funcional para la educación formal, se autorice su uso para el desarrollo comercial, cultural y comunitario, sin los asfixiantes nudos de la administración centralizada.
La oportunidad es de oro para saldar la mora histórica con la microeconomía y la economía naranja. Panamá tiene un potencial creativo y cultural enorme que hoy sobrevive en la informalidad por falta de espacios físicos accesibles. Una escuela vacía es el lienzo perfecto para incubadoras de empresas creativas, estudios de diseño, talleres de artesanía o centros de gestión cultural comunitaria. Estos edificios podrían albergar la “economía del conocimiento” en el corazón de los barrios, permitiendo que el joven emprendedor deje de operar en la informalidad de su sala y pase a una oficina formal, con dirección legal y servicios compartidos. Espacios como las Infoplazas y los centros de coworking son ejemplos ilustrativos.
Japón, ante el cierre masivo de escuelas rurales por el declive demográfico, legisló para permitir que empresas privadas instalaran allí oficinas tecnológicas o proyectos turísticos. Un caso icónico es la Escuela Primaria de Muroto, convertida en acuario y centro de investigación científica, que hoy atrae a miles de visitantes, genera empleos locales y se autofinancia. España utiliza el modelo de escuelas taller, donde el edificio es el aula de práctica. En Aguilar de Campoo (provincia de Palencia), jóvenes desempleados aprendieron oficios técnicos rehabilitando el propio inmueble. Esos ciudadanos hoy operan sus propias microempresas dentro de los centros que ellos mismos rescataron.
El enfoque es ganar-ganar. Al permitir el reuso reglado, el Estado rescata un bien público que hoy se deprecia, y las comunidades ganan un núcleo de actividad económica y cohesión social.
El autor es filólogo y periodista.
