Desde la primera mitad del siglo XX, la entonces Compañía del Canal de Panamá reconocía que la capacidad de almacenamiento para las operaciones del Canal de Panamá era limitada.
En 1986, el antropólogo Stanley Heckadon-Moreno, en las Actas de los Seminarios Talleres de la Cuenca del Canal de Panamá, alertó sobre el deterioro progresivo de la cuenca asociado al crecimiento poblacional, la sedimentación de los lagos y la contaminación de las aguas, procesos que comprometían cada vez más el funcionamiento óptimo del Canal.
A finales de la década de los noventa, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos desarrolló el “Estudio de reconocimiento, identificación, definición y evaluación de proyectos de abastecimiento de agua”, en el que se evaluaron distintas alternativas para el suministro de agua al Canal de Panamá. El informe resaltaba la urgencia de incorporar nuevas fuentes hídricas que garantizaran tanto el tránsito de buques como el suministro de agua potable. Se señalaba que, aun con los niveles de tráfico de aquella época, la disponibilidad de agua era limitada y no bastaba para sostener la operación del Canal, especialmente durante períodos prolongados de sequía.
Desde entonces, la presión creciente sobre los recursos hídricos del Canal no respondía únicamente al aumento del tránsito en la vía interoceánica, sino también al crecimiento del consumo municipal e industrial, que intensificaba la demanda sobre los lagos Gatún y Alhajuela, cuya capacidad de almacenamiento es limitada. Fue así como el estudio del Cuerpo de Ingenieros analizó diversas alternativas para incrementar la oferta de agua, incluyendo la posibilidad de aprovechar otros cuerpos de agua, como la cuenca del río Indio.
Luego, en 2016, el Ministerio de Ambiente, en conjunto con la ACP y con apoyo del PNUD, ejecutó el proyecto “Apoyo a la gestión integrada de las cuencas contiguas a la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y estudios sociales, ambientales y técnicos para el diseño de un reservorio multipropósito en la cuenca del río Indio”. Esta iniciativa buscaba, nuevamente, explorar alternativas para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua y fortalecer la gestión de las cuencas vinculadas al Canal. Este proyecto, además de sentar bases para la gestión integrada, permitió fortalecer las capacidades comunitarias y generar insumos técnicos para futuras decisiones sobre el recurso hídrico.
Más recientemente, en 2023, el estudio de factibilidad para la gestión integrada de los recursos hídricos, encargado por la ACP y realizado por la empresa estadounidense Stantec, reafirmó que la responsabilidad de la ACP de garantizar un tránsito confiable se ve cada vez más comprometida, como lo demostraron los eventos de sequía registrados en los últimos 25 años (1997-98, 2015-16 y 2019), durante los cuales la capacidad de almacenamiento de los lagos se redujo significativamente. El crecimiento poblacional sostenido en Panamá, Colón y Panamá Oeste continúa aumentando la demanda de agua, lo que genera una creciente incompatibilidad entre las proyecciones de consumo futuro y la operación del Canal a su máxima capacidad.
Finalmente, y tras décadas de conocimiento sobre la urgencia de abordar el desafío de la disponibilidad de agua en Panamá, además de múltiples evaluaciones y estudios sobre el tema, la Junta Directiva del Canal de Panamá aprobó, en febrero de 2025, la asignación de recursos para la construcción de un lago artificial en la cuenca del río Indio. Este proyecto busca desarrollar un nuevo reservorio para el almacenamiento de agua, necesaria para las operaciones presentes y futuras de la vía interoceánica y para el abastecimiento de agua potable de más de la mitad de la población del país, con una duración estimada de aproximadamente seis años.
La oferta y demanda de agua en Panamá
Las riberas del Canal se extienden entre las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, que, en conjunto, albergan a más de la mitad de la población del país. La mayor demanda de agua se concentra en la región metropolitana, en los distritos de Panamá, San Miguelito, La Chorrera y Arraiján, donde también se desarrolla cerca del 80% de la actividad económica nacional. Las cifras de población entre el año 1990 y el último censo, realizado en 2020, reflejan que, en conjunto, la población de Panamá, Panamá Oeste y Colón se ha duplicado y, especialmente, la huella urbana de Panamá Oeste y Panamá se ha extendido considerablemente en los últimos 30 años.
El abastecimiento de agua potable de la mayor parte de la población de estas tres provincias depende de la captación de agua en los embalses Gatún y Alhajuela, que suministran agua a las principales plantas potabilizadoras del país. Entre ellas se encuentran las potabilizadoras Antonio Yepes de León (Sabanitas, Colón), Monte Esperanza (Colón), Mendoza (La Chorrera), Laguna Alta (Arraiján), Río Gatún (Colón), Miraflores (Pacífico, Panamá) y Federico Conte (Chilibre).
Panamá ha estado históricamente influenciado por el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), que modula la precipitación anual. Durante la fase cálida (El Niño), las lluvias tienden a situarse por debajo del promedio, mientras que en la fase fría (La Niña) los valores normales suelen ser superados. Esta variabilidad afecta de manera directa la recarga de los lagos Gatún y Alhajuela, reduciendo la disponibilidad de agua, sobre todo en aquellos años con déficit de precipitación, lo que limita un llenado óptimo de los embalses.
La Autoridad del Canal de Panamá estima que la precipitación media histórica en la cuenca es de aproximadamente 2,600 milímetros anuales. Los registros de lluvia de las últimas tres décadas muestran que no existe una tendencia significativa de aumento o disminución en los totales anuales; sin embargo, sí se observa una marcada variabilidad interanual, principalmente asociada al ENSO, con años que se desvían claramente del promedio histórico, ya sea por la ocurrencia de sequías o de lluvias por encima de lo normal.
Las dos caras del fenómeno ENSO son clave para entender la necesidad de desarrollar nuevas fuentes de captación y almacenamiento de agua. En años de lluvias intensas, como ocurrió al final de la temporada lluviosa de 2025, los embalses alcanzaron sus niveles máximos, lo que obligó a realizar vertidos preventivos en las represas de Gatún y Madden para evitar desbordamientos. Como parte de su comportamiento natural, ENSO tiende a oscilar entre sus fases; para julio de 2026 las condiciones de El Niño ya están presentes, con expectativas de que persistan hasta el primer trimestre de 2027. Además, la NOAA pronostica una alta probabilidad de que se convierta en un evento de El Niño «muy fuerte» durante el último trimestre del año, periodo en el que se concentra la mayor captación de agua del año, clave para afrontar la estación seca.
Este contraste entre períodos de exceso y déficit de lluvias evidencia las limitaciones de la capacidad actual de almacenamiento para retener agua durante los períodos húmedos y disponer de ella durante las sequías. Asimismo, refuerza la necesidad de un nuevo embalse que permita aprovechar los excedentes hídricos en años húmedos y fortalecer la seguridad hídrica del país frente a un clima cada vez más variable.
Aterrizando en el río Indio: impactos sociales y territoriales
Desde la administración estadounidense en el Canal de Panamá, la cuenca del río Indio ha sido considerada una de las principales alternativas para el suministro de agua del Canal. La construcción de un reservorio en su cauce medio se ha perfilado como la opción más viable y su desarrollo ya se encuentra en marcha. El área de interés del proyecto está definida por la huella del diseño conceptual de un reservorio multipropósito y obras vinculadas, ubicadas en la parte baja y media de la cuenca. El área prevista para la inundación del embalse se extiende entre las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste, e involucra sectores de los distritos de Chagres, Penonomé y Capira, incluyendo los corregimientos de La Encantada, Río Indio, Ciricito, Santa Rosa y Cirí de Los Sotos.
Mapa de la cuenca del río Indio y del reservorio que será inundado.
En la cuenca del río Indio habitan poco más de 13,500 personas, dedicadas mayoritariamente a actividades como la agricultura de subsistencia, la pesca y la ganadería. La población directamente afectada por la huella del proyecto, incluyendo el reservorio, los depósitos y la infraestructura asociada, se concentra principalmente en el tramo medio del río Indio. En esta zona se ubican alrededor de 64 comunidades, con aproximadamente 500 familias y un total de 2,141 personas que enfrentarían desplazamientos permanentes. Las comunidades que serían desplazadas por el proyecto corresponden mayoritariamente a una población campesina, joven y de bajos ingresos, con limitado acceso a infraestructura básica, educación y servicios de salud, lo que refuerza la necesidad de un enfoque social integral que garantice procesos adecuados de participación, compensación y reasentamiento.
Percepción comunitaria del proyecto
A medida que el proyecto ha progresado, los medios de comunicación han dado seguimiento a su desarrollo y han recogido las opiniones de las comunidades que serían afectadas por la construcción del embalse. Entre las principales preocupaciones expresadas se encuentran la pérdida de cultivos y medios de subsistencia, la posible reubicación en tierras que no ofrezcan las mismas condiciones de fertilidad, tamaño o ubicación, y la ruptura de los vínculos sociales, culturales y territoriales construidos a lo largo de generaciones.
Entrevistas realizadas en la zona también reflejan inquietudes relacionadas con las limitadas oportunidades económicas y el acceso insuficiente a servicios básicos como transporte, salud, agua potable e internet. En este contexto, parte de la población percibe el proyecto como una posible oportunidad para mejorar sus condiciones de vida mediante inversiones en infraestructura y servicios que históricamente han sido escasos en la región.
La acogida del proyecto refleja así una realidad compleja. Mientras persisten preocupaciones legítimas sobre los impactos sociales y territoriales que podría generar el embalse, también existe entre algunos habitantes el reconocimiento de que la iniciativa podría traducirse en mejoras en infraestructura, servicios y oportunidades para las comunidades, además de contribuir a fortalecer la seguridad hídrica del país.
Entre el interés estratégico y los derechos fundamentales: la paradoja del desarrollo territorial
Si bien es una realidad que las inversiones asociadas a un proyecto de la magnitud del reservorio del río Indio pueden generar oportunidades significativas para las comunidades locales, como nuevas vías de acceso, mejoras en el abastecimiento de agua potable y saneamiento, así como la creación de empleos temporales, ¿por qué es únicamente cuando un territorio adquiere valor estratégico que se dirige la atención hacia comunidades que han enfrentado carencias básicas durante décadas? ¿Debe el acceso a derechos fundamentales depender de que un territorio adquiera interés económico o estratégico?
El acceso al agua potable es reconocido internacionalmente como un derecho humano fundamental y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su garantía, especialmente en territorios históricamente desatendidos como las comarcas indígenas y las zonas rurales, no debería depender de criterios de rentabilidad ni de su utilidad para sectores estratégicos, como en este caso la operatividad del Canal de Panamá.
Al mismo tiempo, tampoco puede ignorarse que el desarrollo sostenible de una comunidad requiere actividades económicas capaces de generar empleo, inversión y recursos para mantener infraestructura y servicios. Por ello, cuando proyectos de gran envergadura, como un reservorio o una mina, se presentan como oportunidades de desarrollo, las carencias históricas de los territorios donde se ubican suelen formar parte de los argumentos a favor de su ejecución. Si bien es innegable que la actividad económica genera prosperidad, la discusión va más allá de los beneficios económicos que estos proyectos puedan aportar. También invita a mirar por qué estas comunidades han enfrentado durante décadas limitaciones en el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Quizás existiría una mayor confianza en proyectos de esta naturaleza si necesidades fundamentales como el acceso al agua potable, la salud, la educación o la conectividad estuvieran garantizadas de antemano.
El desafío de la seguridad hídrica y el acceso al recurso no se limita al embalse del río Indio ni a la necesidad de almacenar agua. También plantea preguntas más amplias sobre cómo se planifica el desarrollo territorial en Panamá. ¿Por qué muchas comunidades reciben atención únicamente cuando existe un proyecto estratégico de gran escala? ¿Es posible garantizar derechos fundamentales mediante la planificación territorial y la inversión pública antes de que un territorio adquiera valor estratégico?
La discusión sobre el río Indio suele centrarse en si el embalse debe construirse o no. Sin embargo, la evidencia presentada sugiere que el desafío hídrico de Panamá es más amplio. La creciente demanda de agua, la variabilidad climática, las pérdidas en la red de distribución y la necesidad de garantizar el acceso al agua potable requieren un conjunto de soluciones complementarias. En este contexto, el embalse constituye una pieza dentro de una estrategia más amplia para la gestión y el acceso a los recursos hídricos.
La autora es geógrafa con especialización en Hidrología y Manejo de Recursos Hídricos. Labora como hidróloga en el Centro de Ecología e Hidrología del Reino Unido (UKCEH).
