El Proyecto de Río Indio es, ante todo, una decisión país. Responde a una realidad verificable: garantizar el agua para más de dos millones de panameños y la sostenibilidad operativa del Canal en un contexto de variabilidad climática y consumo creciente.
Pero también es una decisión humana. Y, como tal, nos ha exigido responsabilidad, transparencia y compromiso con las familias que han vivido por generaciones en el territorio que dará paso al nuevo lago.
En función de ello, tras un año de trabajo y más de 200 reuniones colectivas e individuales con casi el 70% de las familias a reasentar, el Canal y la comunidad han logrado diseñar las reglas que definen con claridad cómo se compensará cada impacto derivado del reasentamiento físico y económico**, las cuales servirán de base** para analizar cada caso familiar por separado.
Estas reglas son el resultado de siete ciclos de mesas de concertación desarrolladas desde mayo de 2025, en un proceso participativo, público y documentado con las comunidades. Este hito representa el compromiso formal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y de las familias para desarrollar un proceso justo, humano y orientado a mejorar las condiciones de vida de aproximadamente 550 familias que serán compensadas.
Las reglas están organizadas en torno a cuatro dimensiones de impacto: vivienda, terrenos, actividades económicas y redes socioculturales. Cada una contiene medidas concretas, verificables y con criterios técnicos definidos.
Vivienda
En materia de vivienda, las familias podrán optar entre reasentamiento colectivo (como comunidad) o individual. Quienes elijan el modelo colectivo recibirán viviendas nuevas cuyo diseño fue discutido y ajustado en mesas de concertación, respetando tradiciones constructivas y dinámicas familiares. Las viviendas contarán con garantía estructural de diez años y un año en acabados, conforme a la Ley 45 de 2007. Además, los lotes y viviendas serán titulados e inscritos en el Registro Público, promoviendo la copropiedad entre cónyuges. Este último punto no es menor, ya que hablamos de seguridad jurídica y patrimonio formal para las familias.
Quienes opten por el reasentamiento individual podrán adquirir una vivienda usada o nueva con un monto equivalente al mayor valor entre el avalúo de reposición o el avalúo de la vivienda actual. Si el valor es menor, la diferencia será entregada a la familia. Es un mecanismo flexible que respeta la autonomía de decisión.
Terrenos
En cuanto a terrenos, las reglas reconocen derechos tanto de propietarios titulados como de poseedores con ocupación pública, pacífica e ininterrumpida por al menos cinco años. En el reasentamiento colectivo, los terrenos de reposición deberán tener condiciones similares en suelos, acceso a agua y topografía. En el individual, el monto disponible se basará en el avalúo de mercado del terreno impactado.
Actividades económicas
Las actividades económicas reciben un tratamiento específico, para lo cual se toma como base 25 años de experiencia en programas similares en la Cuenca Tradicional. Los cultivos permanentes serán restablecidos en los nuevos terrenos y se reconocerá el lucro cesante por cosechas perdidas. Las estructuras productivas no trasladables —gallineros, establos, trapiches— serán pagadas a costo de reposición sin depreciación.
Además, el Canal de Panamá brindará asistencia técnica por un período de tres a cinco años para fortalecer capacidades productivas. Es decir, más allá de las compensaciones, se acompaña un proceso de restablecimiento sostenible.
Ámbito sociocultural
El reasentamiento no solo transforma espacios físicos; también impacta vínculos y memorias. Por ello, las reglas incorporan un acompañamiento psicosocial integral antes, durante y después del traslado, con una duración de hasta tres años. Incluye apoyo individual, actividades grupales y la elaboración de planes de vida familiar.
Se contemplan medidas diferenciadas para población vulnerable —adultos mayores, personas con discapacidad y hogares monoparentales— con atención más cercana y frecuente. También se prevé la reposición de escuelas, puestos de salud, espacios recreativos, iglesias y cementerios, coordinando con las instituciones competentes. En el caso de los cementerios, el proceso de cierre y traslado será respetuoso y conforme a la normativa vigente.
El Proyecto de Río Indio es estratégico para Panamá. Pero su legitimidad descansa en la forma en que acompañemos a quienes serán reasentados. Aunque aún se trabaja para llegar a las familias que no han participado en el proceso, las reglas de compensación son la prueba de que el Canal pone por escrito sus planteamientos, asume obligaciones concretas y construye sobre la base de la participación.
La autora es subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá.
