El 27 de mayo se cumple un año desde que se notificó oficialmente la contaminación del río La Villa. Doce meses después, la situación sigue sin solución concreta. El agua llega a algunos sectores, pero otros permanecen desabastecidos. El gobierno, en lugar de enfrentar el problema de raíz, propone perforar nuevos pozos profundos para alimentar la red. Una medida que no garantiza nada: si el río está contaminado, los pozos también pueden terminar contaminados. Es la misma lógica de siempre: improvisar en lugar de resolver.
La desigualdad se refleja en cada gota. Las familias con más recursos compran agua embotellada para sobrevivir. Las más vulnerables hacen filas en tanques públicos, cargando galones bajo el sol. Los ancianos y enfermos, incapaces de soportar esas jornadas, quedan atrapados en la impotencia. Y quienes no tienen otra opción siguen tomando agua del grifo, arriesgando su salud porque no hay alternativa.
Lo más indignante es el silencio. A un año de iniciada la crisis, no se han publicado los resultados de laboratorio ni de los pozos ni de la planta potabilizadora. La ciudadanía no sabe qué está bebiendo. El proyecto millonario de desinfección de tuberías, anunciado como solución definitiva, quedó inconcluso y fracasó. Nadie ha rendido cuentas sobre ese contrato. ¿Dónde están esos millones? ¿Quién se benefició de un proyecto que nunca cumplió su objetivo?
Al inicio de la crisis, representantes, alcaldes y el gobierno central distribuyeron agua embotellada de forma gratuita. Fue un alivio temporal que apenas duró dos meses. Luego suspendieron la distribución como si la situación se hubiera resuelto sola. No normalizaron la solución: normalizaron el abandono. La población quedó sola, obligada a resolver como pudiera.
Ahora la apuesta es otra: pozos profundos presentados como alternativa al río contaminado. Pero la solución no termina ahí. A cada pozo le construyen una caseta de protección, con un costo aproximado de veinte mil dólares por unidad. Mientras tanto, quienes van a buscar agua no tienen dónde resguardarse: ningún techo, ningún piso, ninguna estructura mínima de dignidad. El Estado invierte en proteger la infraestructura, no a las personas. Y lo más grave: si el río sigue contaminado, esos pozos también están en riesgo. Las casetas serán monumentos a una solución que nunca fue solución. Son recursos que pudieron dirigirse a atacar el problema de raíz, a sanear el río, a garantizar agua potable real. En cambio, se gastan en proteger pozos que pueden fallar, mientras la gente hace fila bajo el sol.
La indignación ciudadana se expresó en una carta abierta dirigida a las autoridades provinciales, con preguntas claras y urgentes. Seis meses después, no hay respuesta. La única institución que reaccionó fue la Defensoría del Pueblo, que incorporó la carta a un expediente ya abierto. Desde entonces, silencio absoluto. Nadie sabe qué acciones se tomaron ni en qué quedó ese expediente. La falta de respuesta es un insulto a la ciudadanía.
Este año de crisis desnuda la incapacidad y la indiferencia de las instituciones. El gobierno ha demostrado que no tiene voluntad de enfrentar el problema de raíz. Prefiere improvisar soluciones parciales, gastar millones en proyectos fallidos y ocultar los resultados de laboratorio. Prefiere callar antes que rendir cuentas. Prefiere dejar que la población se divida entre quienes pueden pagar y quienes deben resignarse.
El río La Villa no es un asunto técnico, es un asunto de justicia social. Cada vez que se contamina, se golpea la salud, la dignidad y la confianza de miles de personas. Cada vez que se ocultan los resultados, se erosiona la credibilidad del Estado. Cada vez que se improvisa una solución, se perpetúa la desigualdad.
Un año después, la conclusión es clara: la crisis no se ha resuelto, se ha administrado. Se ha convertido en rutina que el agua llegue a unos y no a otros, que unos compren y otros carguen, que unos callen y otros enfermen. Y, mientras tanto, los responsables siguen sin dar la cara.
El río La Villa es un espejo de lo que ocurre cuando el Estado abandona lo esencial. No podemos aceptar que un año después sigamos en la misma incertidumbre. No podemos aceptar que millones se gasten en proyectos fallidos sin que nadie rinda cuentas. No podemos aceptar que la solución sea perforar pozos para luego contaminarlos. El agua no es un lujo, es un derecho. Y el río La Villa no puede seguir siendo víctima de la negligencia institucional.
A un año de la crisis, la ciudadanía merece respuestas, merece justicia y merece respeto. Publicar los resultados de laboratorio, rendir cuentas sobre el contrato de desinfección, restablecer la distribución gratuita de agua en los sectores más afectados, garantizar un plan real de saneamiento del río y responder la carta abierta de la comunidad no son favores. Son deberes. El silencio oficial es la peor forma de violencia: la que se ejerce contra un pueblo que solo pide agua limpia para vivir.
El autor es consultor ambiental y escritor.
