Por décadas, el río La Villa ha sido eje de la vida productiva y social de Azuero; de sus aguas depende el consumo humano, la agricultura, la ganadería y buena parte de la actividad económica regional. Sin embargo, hoy ese mismo río es el centro de una crisis que ha dejado sin agua potable a miles de personas, ha obligado a suspender clases y ha generado una legítima preocupación sanitaria. Lo más preocupante es que esta situación no es repentina ni imprevisible; fue advertida durante años.
Desde mediados de la década del 2000, estudios oficiales ya señalaban que varios tramos del río presentaban niveles de contaminación incompatibles con el consumo humano. En 2008, los instrumentos de ordenamiento ambiental de la cuenca advertían sobre la presencia de agroquímicos y el deterioro progresivo de la calidad del agua. Lejos de tratarse de episodios aislados, los reportes se repitieron de forma sistemática durante la última década: detección de herbicidas como la atrazina, residuos de origen industrial, altas cargas de sedimentos por deforestación, descargas de aguas residuales y, más recientemente, presencia de microorganismos y metales pesados.
Cada alerta fue tratada como una emergencia puntual y no como parte de un problema estructural. Se actuó sobre los síntomas, pero no sobre las causas. Así, la cuenca siguió recibiendo presiones crecientes por actividades agrícolas intensivas, porquerizas sin manejo adecuado de desechos, vertederos con filtraciones y urbanizaciones sin sistemas efectivos de tratamiento de aguas servidas. Todo ello en un contexto de fiscalización insuficiente y limitada coordinación interinstitucional entre las entidades responsables del ambiente, la salud y el ordenamiento territorial.
El resultado es el que hoy enfrenta la población: interrupciones prolongadas del servicio de agua potable, dependencia de camiones cisterna, afectación directa a centros educativos y un clima generalizado de desconfianza sobre la seguridad del agua que llega a los hogares. En este punto, la crisis deja de ser exclusivamente ambiental y se convierte en un problema de salud pública, de equidad social y de gobernanza.
La pregunta que debe plantearse el país no es quién contaminó, sino por qué los mecanismos de control fallaron de manera tan persistente. Las normas ambientales existen. Los estudios de impacto ambiental, las concesiones de uso de agua, los permisos de operación y los planes de manejo están contemplados en la legislación. Sin embargo, cuando la supervisión es débil, las sanciones no se aplican con oportunidad o los procesos administrativos se dilatan, el mensaje implícito es de permisividad. Y la permisividad, en materia ambiental, termina siempre en degradación.
Es importante subrayar que la economía de Azuero depende en gran medida de la producción agropecuaria, y nadie plantea su eliminación. Lo que se exige es algo distinto y perfectamente compatible con el desarrollo: producción responsable, cumplimiento de normas, tratamiento adecuado de desechos y protección efectiva de las fuentes de agua. No se puede seguir sosteniendo un modelo en el que los costos ambientales y sanitarios recaen sobre las comunidades, mientras los beneficios productivos se concentran en pocos actores.
La población espera respuestas claras y acciones sostenidas. Espera saber cuáles actividades están siendo investigadas, qué medidas correctivas se están imponiendo y cómo se garantizará que los vertidos ilegales no continúen. Espera, además, que los planes de recuperación de la cuenca no se limiten a anuncios, sino que cuenten con presupuesto, cronogramas y metas verificables.
Asimismo, resulta indispensable invertir en infraestructura hídrica y sanitaria, especialmente en zonas rurales. Las plantas potabilizadoras no pueden ser la única línea de defensa frente a una cuenca degradada. Sin control en la parte alta y media del río, cualquier sistema de tratamiento estará permanentemente al borde del colapso. Proteger la fuente no es un complemento del sistema; es su condición básica de sostenibilidad.
La gestión del río La Villa exige, además, un enfoque integral de cuenca, con participación de gobiernos locales, productores, autoridades ambientales, sector salud y comunidades. No se trata únicamente de fiscalizar, sino de ordenar el territorio, promover prácticas productivas más limpias, restaurar áreas degradadas y asegurar monitoreos permanentes y públicos de la calidad del agua.
Lo ocurrido en Azuero debe entenderse como una señal de alerta para el resto del país. Panamá no puede seguir reaccionando solo cuando la crisis estalla. La planificación ambiental, la prevención y la aplicación efectiva de la ley deben dejar de ser discursos y convertirse en política pública consistente.
Garantizar agua segura a la población no es una concesión administrativa; es una obligación del Estado. Y esa obligación comienza, necesariamente, por proteger la fuente. Sin una gestión integral de cuenca, no habrá solución duradera, ni para el río La Villa ni para otras regiones que hoy avanzan por el mismo camino.
