Las elecciones probaron lo que muchos venimos diciendo, la partidocracia de grandes barreras de entrada y operación, está madura para una reforma más inclusiva. Los experimentos del Tribunal Electoral con candidatos independientes ha sido una manera muy burda e ineficiente de soslayar el problema de fondo; el sistema necesita oxigenarse y los partidos más abiertos a reformas internas. Los ciudadanos sienten, encolerizados, que las cosas deben mejorarse, porque sigue siendo un juego para los de siempre.
Por los últimos 25 años se ha sostenido un sistema que cada 5 años, y dependiendo de las fisuras que las últimas elecciones detecten, busca reformas a la Ley Electoral que cierre esas grietas a favor del statu quo. Pero desde las pasadas elecciones, la fuerza misma de los hechos empezó a mostrar más claramente que un sistema de partidos nacionales con altas barreras de entrada y cómputos complicados no era la respuesta al derecho ciudadano de elegir y ser elegidos libremente.
Esas barreras y requisitos para acceder al sistema protegen a los partidos grandes, partiendo de la sobada teoría de que las democracias se hacen entre grandes fuerzas. Que las avanzadas democracias se caracterizan por grandes fuerzas. Hay poca verdad en esa teoría. Nadie nació grande. Y los grandes partidos de las democracias avanzadas son producto de una evolución democrática sostenida, abierta y participativa. Una cosa es permitir y alentar la evolución hacia fuerzas convergentes con pocas barreras a la participación electoral y otra es forzar a través de leyes y cuotas protección para el establishment. Con estos oligopolios electorales, protegidos por ley y sin norte ideológico, las democracias languidecen.
Pero este modelo “de arriba hacia abajo” ya empieza a hacer aguas. No solo el Tribunal Electoral ahora intenta a concentrarse, ilegalmente pienso yo, atribuciones cada vez más autoritarias para tratar de controlar el desarrollo espontáneo del sistema, además empieza adulterar el sistema llenándolo de parches y remiendos, como las candidaturas independientes como nuevo paradigma, para demorar o soslayar lo inevitable, que otras fuerzas fuera y dentro de los partidos rompan el saco para mejorar la oferta electoral.
Todos los candidatos a la libre postulación fueron héroes y pioneros. Todos sobrevivieron un sistema carísimo y desgastante. Todos navegaron con éxito en un mar de reglas absurdas hechas más bien para desalentarlos. Y todos se enfrentaron, con logros nunca antes vistos, a las planchas partidistas y las estúpidas disposiciones de cocientes y residuos, que siempre favorecen al partido grande y a la concentración de poder en el Legislativo. Reglas más fáciles para inscribir partidos nacionales y la legalización de partidos locales, como era antes de 1968, con toda seguridad hubiesen producido un interés ciudadano mayor y hubiesen facilitado mejores infraestructuras electorales a los candidatos. Por no decir una mejor calidad de legisladores.
El sistema como va, está jodido. Como todo lo que deja de funcionar, en vez de revisar de raíz las causas, se intenta repararlo adoptando nuevas reglas, decretos, papeles y resoluciones que asfixian más y más las iniciativas y libertades ciudadanas que acaba paralizando todo, lo bueno y lo malo.
El Tribunal debe promover reformas inclusivas y dejar de ser “convidado de piedra” en las reformas de la ley. Tiene la obligación legal y moral de orientar, opinar e incluso oponerse a las reformas que traten de consolidar el cartel electoral. Los partidos son los vehículos idóneos para captar y concentrar los intereses ciudadanos. Pero no pueden ser un privilegio ni un obstáculo en una democracia abierta.
El autor es director de la Fundación Libertad