En los despachos de prensa del Gobierno sobre la destrucción de armas de fuego, hay una suerte de autobombo porque cada mes se destruyen estos artefactos. Los cuerpos de seguridad montan un escenario para los medios, en el que las armas están dispuestas meticulosamente. A estos actos acuden altas autoridades, incluido el presidente de la República y el ministro de Seguridad, que despliegan actitudes solemnes, como en un ritual religioso.
En este programa –que hasta octubre pasado logró destruir unas 28 mil armas de fuego y medio millón de municiones– se sacan de circulación revólveres y pistolas, escopetas, rifles, incluso armamento de guerra. En promedio, se destruyen unas 850 armas por mes. Supongo que si terminan desmanteladas es porque son ilegales y decomisadas a individuos y pandilleros que delinquen en Panamá.
El año pasado, según el Ministerio Público, más del 80% de los homicidios –unos 600– se cometieron con armas de fuego. 2021 marcó el cuarto año consecutivo en el que el número de homicidios aumentó de forma sostenida. También en 2021, casi el 75% de los asesinatos se cometieron en Panamá, Colón y San Miguelito. ¿Qué nos dicen estas cifras? Pues que mucho está fallando en la política de seguridad del Gobierno.
Lejos del “éxito” que transmiten sus boletines de prensa, veo en estas cifran el fracaso. ¿Qué hacen los organismos de seguridad para combatir el tráfico de armas? Panamá es muy pequeño, lo cual le da ventaja a los cuerpos de seguridad para obtener inteligencia y mantener el crimen organizado a raya. Pero no hay tal cosa. Por el contrario, vemos que hay pandilleros infiltrados en el Gobierno, incluida la Asamblea Nacional y el Órgano Judicial.
Seguramente, esos pandilleros gozan de protección política. ¿Cómo combatir organizaciones criminales enquistadas y protegidas por las propias autoridades gubernamentales? Por favor, no nos engañemos. Hemos visto cómo algunos políticos de alto vuelo han salido a defenderlos o cómo estos pandilleros trabajan para ellos a cambio de protección y plata del Estado. Decomisar armas es la parte bonita, pero detrás del escenario montado para los medios hay un teatro de operaciones que da miedo.
Políticos y pandilleros unidos por causas comunes o en alianzas de conveniencia mutua. Si alguien es capaz de robarle millones al Estado, qué le impide recibir dinero de pandillas. Gozan de protección: impunidad y hasta inmunidad. Lamento decirlo, pero estamos mexicanizados. No admitirlo es engañarnos. Allí están los números y los hechos. Lo demás es ficción.
Nosotros, los de a pie, no tenemos guardaespaldas. Son los políticos los que los necesitan, precisamente por lo que hacen. No salen sin protección o escoltas, que pagamos sus víctimas. Tenemos que andar con miedo hasta para acudir a un restaurante, porque, en un ajuste de cuentas, en cualquier momento pueden entrar individuos armados y nos matan por equivocación. Así, lo que es seguro en Panamá es que no estamos seguros. Esa es la política de seguridad del Gobierno.
