En enero pasado, la campaña publicitaria del Gobierno nos agobió. Logró acuerdos con Minera Panamá, que divulgó a lo largo y ancho del país: $375 millones al año. Y antes de finalizar el año, como un mal matrimonio, el Gobierno anuncia el divorcio. Semanas atrás se extendía el rumor de que las cosas no estaban bien: la minera se quejaba de que se le había ido la mano en promesas. Así que sacó a sus negociadores para gestionar un nuevo trato. El amor entre las partes repentinamente comenzaba a acabarse y el Gobierno decidió dejarse de complacencias: o pagas lo acordado o esta relación se acaba. Y se acabó. (¿O es una pelea de enamorados?).
No tengo elementos suficientes para formarme una opinión de esta ruptura. Hay rumores –nada santos–, pero no me constan, así que no los mencionaré. Pero veamos algunos hechos. El contrato declarado ilegal por la Corte Suprema era leonino. A tal punto de que hoy el mismo partido que lo aprobó en la Asamblea Nacional se queja de lo poco favorable que es para el Estado. Lo firmó Nitzia de Villarreal, ministra de Comercio del gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
No fue el único contrato así. Hubo más, como los firmados con las mexicanas Ica y Pycsa. Años después, el Estado tuvo que comprar sus carreteras, pues no parecía que el cobro por estas tuviera fin. Y tan buen negocio era para las empresas que el Estado pagó por estos corredores como si se trataran de joyas invalorables.
Ica recibió derecho a rellenos marinos para cobrarse el exceso de su inversión, pero lo que hizo fue que los vendió. Con esos derechos nacieron islas artificiales frente a Paitilla para uso residencial de extremo lujo, a pesar de que está prohibido vender los rellenos sobre fondo de mar. Pero, claro, la Corte hizo una increíble excepción para ese caso. Ica también recibió el terreno del aeropuerto de Paitilla. Y también los vendió, e hizo otra fortuna. ¿Qué ganó el Estado? Nada. Perdió desde cualquier punto de vista.
La Asamblea le dio una amplísima extensión de tierras (y de aguas), derechos de uso –sin tener que pagar impuestos ni gravámenes ni tasas– a una persona que estaba prácticamente especulando con la concesión minera de Donoso. Pero no importó. Luego, esa persona vendió los derechos de explotación de cobre por decenas de millones que se los fumigó en un dos por tres, y su mina de oro hubo que cerrarla. ¿Qué ganó el Estado? Una vez más, perdimos todos. Solo unos cuantos ganaron muchos millones. Lo mismo fue con las empresas portuarias –y su famosa equiparación– y las eléctricas. ¿Y qué recibimos a cambio? Los apagones siguen igual o peor que antes, solo que ahora la factura nos llega por el doble y el triple de lo que se pagaba antes.
Entonces, ¿por qué la minera se privaría de pedir sus regalos al Estado panameño? ¿Acaso nuestros gobiernos no son la versión más generosa de Santa Claus?
