En los últimos meses y días, las redes sociales han mostrado una realidad que es una vergüenza para todos. La Policía Nacional, lejos de inspirar respeto, es blanco de ataques, de burlas, incluso, de atropellos, que se extiende más allá de una delincuencia de poca monta que, sin importar las consecuencias, temerariamente se enfrenta a los agentes de policía como si ellos fueran sus iguales. Me duele pensar que sus jefes son, en muchas ocasiones, cómplices de estos malhechores porque, pudiendo hacer algo, no lo hacen.
Para empezar, los agentes del orden deben estar mucho mejor preparados (no todos tienen el aplomo del agente que esta semana detuvo a un docente en un retén en Colón), tanto en lo que se refiere a la ley como a sus condiciones físicas. La primera les permitirá actuar con más seguridad y firmeza, conociendo lo que pueden y no deben hacer en materia de derechos humanos, dentro de esos límites. Pero lo segundo es tan importante como lo primero, pues una buena condición física y entrenamiento en técnicas de seguridad personal y sometimiento de sujetos violentos puede salvarles la vida.
Estos cuerpos de seguridad deben tener ética. El ejercicio de un cargo de autoridad es un privilegio que concede la sociedad en el entendido de que la actuación de sus miembros no puede ser éticamente cuestionada. Lo que vemos en la Policía Nacional, al menos lo que llega hasta las redes sociales, son actos que dejan mucho que desear de su moral y de su ética: aceptan sobornos, muchos son corruptos, su profesionalismo deja mucho que desear y son extraordinariamente vulnerables y maleables. Y no todo esto es atribuible a las tropas. También estamos hablando de quienes tienen la responsabilidad de dirigirlas.
Los agentes seguirán a sus superiores en la medida en que comprueben su confiabilidad como líderes, o que sean justos e incorruptibles. Pero si no lo son, los ciudadanos no debemos esperar una actitud diferente de quienes reciben el mal ejemplo de sus jefes. Todo lo que tendremos son policías corruptos que, en contubernio con sus cómplices de arriba, ascienden en el escalafón y son premiados por su sinvergüenzura.
Y en ese sentido, el ministro de Seguridad, ante el temerario avance de la delincuencia común y organizada –que no muestran el menor respeto por la autoridad, pues, al fin y al cabo, muchos agentes del orden son sus “colegas”– no ha tenido la gallardía de un caballero, es decir, no ha presentado renuncia a un cargo que ejerce con una mediocridad inaceptable.
Es doloroso ver a unidades valiosas de la Policía, que quieren hacer la diferencia, apabullados por la mano de pandilleros y la delincuencia común, mientras vemos a la alta oficialidad cruzada de brazos ante la necesidad de más entrenamiento para la tropa, de dotarla con armas no letales y disuasorias; de promover legislaciones que establezcan sanciones ejemplares por agresiones contra un policía; así como la de promover una moral alta y sanciones ejemplares a las unidades que no tienen el arrojo para sancionar, conducir o arrestar a quienes creen que están por encima de la ley: desde un delincuente de tercera hasta un diputado sorprendido en la flagrancia de un delito. Pero, para eso, se necesita un liderazgo a prueba de corrupción y de influencias políticas. Y, desgraciadamente, el ministro de Seguridad ha demostrado gran incompetencia en el desempeño de su cargo.
