En la Asamblea Nacional, los usuales sospechosos de siempre han decidido mutilar el proyecto de ley de extinción de dominio, un instrumento jurídico que, a su vez, le cortaría las alas financieras a grupos criminales organizados, cuyas actividades, tal como hemos visto en los últimos meses, han traspasado las fronteras nacionales. Los diputados quieren que Panamá permanezca como un remanso de paz –o un santuario– en especial para la delincuencia política organizada, que, como hay hemos visto también se mezcla con el narcotráfico. Es obvio que una ley de esta naturaleza terminaría con años de acumulación de riquezas mal habidas, muchas provenientes del Estado.
Y, precisamente, quieren limitar el alcance del proyecto a los bienes obtenidos de las actividades del narcotráfico. Pero ¿dónde estará la frontera cuando, producto del lavado de activos del narcotráfico, un candidato reciba donaciones de estos sujetos? ¿O cuando el dinero sucio se mezcle con el dinero de las empresas que suelen constituir los miembros del crimen político organizado? ¿Qué pasará si un diputado se presta para el lavado de activos de organizaciones criminales? Será una frontera confusa.
Pero, además, quisiera saber por qué no se puede aplicar la extinción de dominio a delitos como la corrupción. ¿O es que creen que es menos perniciosa que el narcotráfico? Pienso que la corrupción es la llave que abre todas las puertas del infierno. El que es corrupto está dispuesto a cometer cualquier delito, cualquiera, si eso le representa dinero. Y nuestros políticos obtienen notas sobresalientes en ese tópico y, en consecuencia, aprobar una ley de extinción de dominio equivalerse al suicidio financiero, y eso no lo harán. Los diputados tienen secuestrado el deber que tiene el Estado a perseguir el delito, cualquiera que sea.
Pero supongamos que se aprueba el proyecto tal como quieren los sospechosos de siempre. En octubre pasado, en una entrevista poco antes de que llegara la nueva embajadora de Estados Unidos, el entonces jefe de la misión diplomática, Stewart Tuttle, dijo que en Panamá el problema no está en la legislación existente, lo que falta es voluntad para aplicarla, pues aquí sobran leyes y escasean las condenas, por ejemplo, por blanqueo de capitales. Eso nos lleva al principio otra vez, es decir, nos lleva al país del “nunca jamás”.
Si bien el panorama es desalentador, porque los que hacen y aprueban leyes son los nuevos mejores amigos de la delincuencia organizada, quedan algunas esperanzas, pues hay una alternativa que puede empujar leyes más estrictas en Panamá, pese a ellos. Este mes comienza a operar la sede en Amador de una fuerza de tarea conjunta contra el lavado de activos y la corrupción que recibirá apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Tendremos a una de las mejores fuerzas policiales del mundo apoyando los esfuerzos locales contra el lavado de activos. No es una cosa para engavetar en el baúl del olvido, pues se trata de cooperación de primer mundo en nuestro mundo que, en ese ramo, es de quinta o sexta categoría. Se trata de un salto cuántico que debería empezar a preocupar a nuestra clase política, porque, aunque pretenda ocultar el sol, el eclipse será neutralizado, iluminado, para ser más exacto, por expertos cuya especialidad es seguir el dinero.
Los casos sobran: tenemos inoperancia en la Contraloría; ceguera y sordera en el Ministerio Público; indiferencia en la Superintendencia de Bancos, incluso la Unidad de Análisis Financiero está neutralizada, pues la delincuencia política organizada ha diezmado estas instituciones al punto de haberlas convertido en gemelas de la entidad menos operativa de todo el país: La Fiscalía Electoral. Quizás esas entidades no sean tan inútiles si se remueven las cabezas, pero ahora solo sirven de tapadera. Espero que la noticia les haya arruinado la celebración del asueto a esos malhechores enquistados en el poder que nos exhiben a la cara su nueva, grosera e inexplicable riqueza.
