Lobos con piel de oveja o diputados con buenas intenciones. No hay diferencia, salvo el género y el dizfraz. Me refiero a que la diputada Yanibel Ábrego (CD) no solo va de compras a baratillos exclusivos para clientes frecuentes de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), sino que decidió incursionar en el cultivo de café, aunque no es su fuerte, sino el negocio de bienes baratos, perdón, raíces.
Supongo que en eso de hacer negocios con la Anati, Ábrego es una tigresa, a juzgar por la cantidad de tierras que le ha dado para sus negocios privados, gracias a los cuales –dicho en sus propias palabras– se ha ganado un buen “billetito”. También supongo que del negocio de café no sabe más que tomarlo por la mañana o cuando el sueño la hace pestañear.
El café de altura panameño goza de fama mundial. Como lo indica su nombre, se cultiva en las Tierras Altas chiricanas, donde una multiplicidad de miocroclimas influyen en su calidad. También está el de bajura, cultivado cerca del nivel del mar en Coclé, Veraguas, la comarca Ngobe, Colón y Panamá Oeste, especialmente en Capira, el feudocircuito de Ábrego.
Pues bien, como se sabe, Ábrego presentó un anteproyecto, aprobado ya en tercer debate, con objeciones del Ejecutivo, que acogió la Asamblea. Ábrego habrá imaginado pingües ganancias en este negocio utilizando una compleja fórmula de su hechura: “invierto unos centavitos en tierras de la Anati; siembro café árabe (o como se llame); espero que crezca; florea y después lo cosecho; lo vendo por ahí, y me gano un billetito”. ¡Fácil!
Pero supongo que se habrá dado cuenta que ir de compras a la Anati es una cosa y cultivar café, otra. Así que alguien le hizo un anteproyecto para que el Estado pusiera plata para ese cultivo y acompañarla en todo el proceso. Su propuesta dice, por ejemplo, que el cultivo de café́ “presenta altos costos de producción y [está] sujeto a la variación de los precios en el mercado nacional e internacional, además de la incertidumbre que acecha con el cambio climático”. O sea, variables que pueden poner en peligro la inversión.
Así que una ley haría que la diputada proponente pudiera ser considerada como una pequeña o mediana productora de café. Y en virtud de su ley, podría recibir una serie de “incentivos”, como “préstamos con intereses bajos o con facilidades de pago o asistencia financiera directa no reembolsable”, que puede usar para “compra de plantones, insumos, herramientas, materiales y equipos necesarios para la producción del café”.
No es todo: podrían recibir del Estado asistencia técnica en la siembra; comercialización; manejo de desperdicios; uso de agroquímicos; procesos productivos; análisis de suelos; control e identificación de plagas; control de erosión; elaboración de planes de negocios; mejorar el sistema de cosecha y postcosecha; promoción de productos; desarrollo y promoción de marcas; creación de cadenas de suministro y mercados locales; gestión de permisos comerciales y sanitarios; promoción para la exportación; incluso, proponer al MOP obras para “mejorar la distribución y transporte para los productores de café”.
Si estas asistencias –que no son todas– las ofrecerá el Estado, ¿cuál es el riesgo para la diputada? ¿Buenas intenciones? Insisto: a primera vista, oveja, hasta que el lobo enseña sus colmillos.
