¿Por qué es tan fácil robarle al Estado? La respuesta es sencilla: porque se puede… y no hay castigo. Por eso, cualquier pelafustán que entra al Gobierno limpio sale hecho un burgués. Es tan común verlos en sus carros de lujo, fincas, casas y excesos, que ya no nos llama la atención. En eso sí invierten tiempo los políticos: discurren cuánto dinero quieren tener al término del periodo y trabajan arduamente en ello. Y es lo único que hacen.
¿Cómo lo logran? Lo primero es nombrar a la familia, a los compinches de campaña y/o copartidarios y a los amigos (en ese orden). Ello asegura comodidad, tanto para quien los nombra –el cual seguramente recibirá una tajada generosa de esos nombramientos– como para la pandilla. También compran su silencio. El siguiente paso es asegurarse de que los delitos planificados no reciban castigo. Así que nombran a un contralor y a un procurador que sean sus colegas en sus actividades. Al mismo tiempo, buscan a un fiscal electoral amigo –uno que no joda– porque hay mucho qué hacer por la reelección –y con la plata del Estado–, la cual comienza el mismo día que toma posesión el nuevo gobierno.
Entonces, como es tradición, vienen los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema. Admito que los que ha hecho este gobierno no son malos, pero, dado que han nombrado a funcionarios de contrapeso que son simultáneamente amigos, copartidarios, ciegos, sordos y mudos, dan por hecho de que no habrá un solo caso –si es que se abre– que llegue a la Corte. Por último, cambian las leyes a su conveniencia y lo que antes era ilegal, lo convierten en legal.
Aseguradas las ventilas por donde se puede colar la justicia, comienza el saqueo. Millones de dólares a sus bolsillos y cientos de millones a la reelección, incluyendo las costosas planillas de funcionarios, tan útiles como la transparencia en un gobierno corrupto. La banda de delincuentes de cuello y corbata empieza el juego con árbitros comprados y sin la protesta de las gradas, porque la mayoría de las veces –admitámoslo– no hacemos nada para protestar.
En cambio, las prioridades de nuestra contraparte son siempre primero. Se cuidan, se alertan. Para no ir tan lejos, esta semana, por ejemplo, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea se anunció la reducción del presupuesto de 2024 para casi todas las entidades del Estado, incluyendo la Unachi. Según el presidente de esa comisión, Benicio Robinson, le cortaron $14 millones. Su protesta vino enseguida porque dice que esa universidad le da apoyo a su provincia, Bocas del Toro.
No creo que haya un gramo de altruismo en la queja de Robinson y no hace falta explicar lo que hay detrás. Pero, si le preocupa la planilla de la Unachi, puede ordenar, mediante ley, reducir el salario de la rectora, que gana unos $14 mil al mes. Tanto Robinson como la rectora, Etelvina de Bonagas, son dos perfectos hipócritas. Y eso lo sabemos todos, como también para qué es esa plata. Sabemos que a nadie se le castigará y no protestaremos por eso. Así de fácil es despojar al Estado.
