Reporteros del diario canadiense The Globe and Mail, especializados en minería, publicaron días atrás un artículo revelador: los principales ejecutivos de Firts Quantum Minerals, Ltd. recibieron sustanciosos ingresos en medio de la crisis del año pasado, cuando la empresa perdía inesperadamente el valor de sus acciones y la mina de cobre en Panamá terminaba cerrada, cuyo contrato fue anulado por inconstitucional.
En el artículo, que cita a Alison Beckett, presidenta de Recursos Humanos de la minera, se señala que las recompensas “son clave para retener el talento”; que la empresa reconocía sus logros antes del fallo de la Corte; para “recompensar el desempeño gerencial superior” posterior y para “incentivarlos a entregar una solución a los desafíos actuales que enfrenta el negocio en Panamá”. O sea, recompensas hasta por adelantado.
Los periodistas contrastan su declaración con el hecho de que los aumentos a esos ejecutivos se dieron “a pesar del pobre desempeño del precio de las acciones de First Quantum en 2023…”, y de que, con todo en contra, “los ejecutivos recibieron la máxima cantidad de acciones posibles [de la minera] bajo el programa”.
Con el perdón de los mineros, no creo que haya sido prudente, en lo absoluto, otorgar bonificaciones y acciones a sus ejecutivos bajo las circunstancias de 2023. Nadie, en sano juicio, reparte el capital de una empresa en medio de una crisis que puede significar la súbita pérdida del 50% del valor de la empresa. Eso no tiene nada de razonable.
El año pasado se negoció el nuevo contrato con Firts Quatum con cláusulas que resultaron en 25 infracciones a la Constitución y el consecuente cierre de la mina, ¿y luego reciben estas multimillonarias compensaciones? No siento el olor del mineral, pero sí el de pescado putrefacto. Esto me hizo recordar el nombre de un abogado: Eduardo Ruiz Escartín, quien, sin conocer una palabra de minería, firmó en 2020 –en pandemia– un contrato secreto con la minera Cerro Quema para recibir $30 mil al mes por servicios insignificantes. Decenas de miles de dólares ¿para qué? ¿Por qué?
Si este contrato se hubiese extendido a mayo de 2023, cuando el Ministerio de Ambiente le aprobó a Cerro Quema su Estudio de Impacto Ambiental –necesario para extraer el mineral– Ruiz Escartín habría recibido $1 millón. ¿Coincidencia? ¿Qué hacía tan especial a este abogado? No creo que hayan sido sus conocimientos en materia legal municipal o de tránsito. Pero sí su relación con el vicepresidente –y hoy candidato presidencial– para recaudar fondos por debajo de la mesa en la campaña de 2019.
No creo en ninguna empresa minera. Han cimentado en piedra, oro y cobre una reputación que no tiene nada que envidiarle a la de diputados como el Gato, Bolota o Huevito. Y esta empresa en particular conoce muchos trucos, que incluirían gastos que llegarían a personas inimaginables. Por eso estoy convencido de que siguen aquí, no para cerrar la mina –esa es excusa–, sino para negociar –con quien sea que gane en mayo– un nuevo contrato. Quizás deberíamos, como lo hicieron los gremios agropecuarios y turísticos, pedirle a los candidatos que firmen ante notario sus promesas sobre el tema minero. El que se niegue… bueno, ya sabremos cuáles son sus verdaderos planes… y hasta podríamos explicarnos el por qué de la premiadera en la minera.
