Desde hace meses, la politóloga y comunicadora social Sabrina Bacal no puede escribir, informar, reportar o mencionar por sus nombres a miembros de una familia enquistada en el poder y con antecedentes que son una verdadera vergüenza.
El Ministerio Público le ha prohibido hacerlo, simplemente porque así le fue solicitado a una fiscal que, sin miramientos, le concedió el deseo. Ahora Sabrina tiene una prohibición que le impide expresarse libremente. Si esto no es censura previa, si no es un ataque a la libertad de prensa y de expresión, si no es una flagrante violación de los derechos humanos, me pregunto entonces qué es.
¿Por qué ordenar una medida tan restrictiva y abusiva? ¿Acaso pesan más los caprichos de Roberto Carretero Napolitano y Ramón Carretero Napolitano, ambos recientemente sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también conocida como la Lista Clinton? Pareciera que tienen más peso los deseos de Ramón Carretero, un sujeto que suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público en el caso Odebrecht, a cambio de su exclusión de la lista de acusados, además de devolver $1 millón. Y ni hablemos de su cercana relación con Nicolás Maduro.
Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de coartar libertades que, además, son parte intrínseca del ser humano, por lo que no es necesario pedir permiso a nadie para expresarse. Pero en Panamá algunas autoridades creen que es un derecho que se puede quitar, olvidando que no es un derecho, sino una libertad. Por más que intenten callar, sencillamente no podrán impedir —ni verbalmente ni por escrito— que alguien piense y lo comente, aunque sí cercenan libertades cuando esas personas tienen el poder de difundir sus pensamientos y opiniones de forma masiva. Esos son a los que hay que callar.
No veo la necesidad de proteger a personas con valores y antecedentes de los que ellas mismas se avergüenzan, porque eso es lo que pretenden: no quieren que nadie se entere. Pero han de vivir con su embarazoso pasado —y presente—. Y si no les gusta, pueden comerse sus hígados con tomate y cebolla, porque jamás podrán borrarlo, por más prohibición que ordenen las autoridades. No pueden obligar al sol a ocultarse a mediodía solo porque hace calor. Tampoco podrán silenciar a todos los que quieran hablar de esos personajes, porque sería una labor titánica, imposible de realizar, aunque buscan callar a aquellos que pueden llegar más lejos por su credibilidad.
El Ministerio Público debe recapacitar sobre medidas como estas o la Asamblea Nacional debe prohibir estos abusos, so pena de sanciones severas, porque esto no es más que censura. No puedo creer que el procurador general de la Nación sea un simple espectador —invitado de piedra— en este triste espectáculo que afecta aún más la maltrecha imagen del país, porque actos como estos no pasan inadvertidos fuera de nuestras fronteras. Y mucho menos que el país esté dispuesto a sacrificar su imagen democrática por gente a la que persigue su abyecto pasado y ahora su presente.
Si lo que los Carretero Napolitano buscan es el favor del poder, ya lo tienen, pero no pretendan que olvidaremos por decreto. Es absurdo y no es nada pragmático, porque después de ingresar a la Lista Clinton, después de figurar en el expediente del caso de corrupción más grande de la historia panameña y latinoamericana, después de confesar y devolver plata al Estado, ¿de veras creen que callando a una comunicadora social los recordaremos como si fueran la nueva versión de Belisario Porras? ¡Por favor! Es más probable que los recordemos como la renovada banda del Choclito en lugar de ciudadanos serios y ejemplares.
