¿Por qué el registro escrito y los videos de las personas que entran y salen a las instalaciones del Órgano Judicial deben ser secretos? Quisiera una explicación convincente, porque si nos vienen con patrañas, es mejor que nos dejen especular, de manera que solitos llegaremos a nuestras propias conclusiones. Y eso, precisamente, es lo que han hecho los magistrados: expresarnos con injustificable alarma la banalidad de sus argumentos.
Según un acuerdo de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, divulgar “esta información puede colocar en peligro la seguridad de los expedientes judiciales, las evidencias, los bienes muebles e inmuebles de la institución y, en particular, la integridad física de magistrados y magistradas, jueces y juezas, funcionarios jurisdiccionales y administrativos del Órgano Judicial y de los usuarios del sistema de administración de justicia”.
No tomaron en cuenta que si no divulgan las evidencias del que entra y sale de las oficinas del Poder Judicial también ponen en riesgo la credibilidad de los “magistrados y magistradas, jueces y juezas, funcionarios jurisdiccionales y administrativos del Órgano Judicial”. Crean, además, suspicacias, pues los que estamos algo informados sabemos que hay operadores –que prefieren un bajo perfil– que acuden frecuentemente a los tribunales y a la Corte Suprema para hacer lobby, para proponer negocios, vender o comprar fallos, a obtener información o a transmitir instrucciones, órdenes o advertencias.
Ni siquiera se toman la molestia de hacerlo a escondidas, sino a plena luz, tomando café con galletitas en sus amplios despachos, con la tranquilidad de que ni los registros escritos ni los videos de vigilancia podrían usarse en su contra o en un medio de comunicación. Están absolutamente protegidos por el secretismo al que ningún magistrado se opuso. Tienen la absoluta certeza de que su presencia en el mercado judicial jamás se conocerá.
Este acuerdo ha debido ser, al menos, discutido por los magistrados y habría sido de provecho para los ciudadanos entender lo que hay detrás de este absurdo, pero los honorables magistrados también declararon secretas las actas del pleno. Así que nos quedamos sin hacha, calabaza y miel. Punto para el equipo de la perversidad institucional mientras todos los demás perdemos por enésima vez: por obligación, por pusilánimes y por displicentes.
Esta falta de transparencia tiene una gemela. Se trata de la confidencialidad de las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de los funcionarios. Fue una sentencia de la Corte Suprema, que data de 2008, la que declaró que estos documentos no son públicos. Incluso, han negado peticiones de información para saber siquiera si ha habido servidores públicos con mando y jurisdicción que no la han presentado. Pero ni eso. ¿Y por qué esta confidencialidad? Porque los mismos magistrados serían blanco del escrutinio público. ¿Dígame Ud. si ese fallo no es conveniente para ellos mismos?
Y en este caso hay que recordar que las declaraciones juradas de bienes patrimoniales deben presentarse en escritura pública, lo que significa que estos documentos deben reposar en las respectivas notarías. Y, de acuerdo con el Código Civil, “los notarios expedirán a cualquier persona copias autenticadas de los actos y contratos que se hallen incorporados en el protocolo”, y eso incluye el mencionado documento. Pero la Corte barrió el piso con el Código Civil e hizo lo que le dio la gana solo para favorecerse a sí misma.
La Corte legisló a su antojo y conveniencia, porque no hay nada que declare confidencial este instrumento de transparencia como tampoco sus más recientes prohibiciones. La sinvergüenzura se impone desde las mismas alturas del olimpo de la justicia en este país tercermundista y bananero, conquistado por la peor escoria política, que comercia votos por trabajo, o por operadores de justicia que ven en la falta de transparencia oportunidades nada ortodoxas.
