¿Quién se está ocupando de la seguridad ciudadana? ¿Hay alguien designado para hacer esta tarea? ¿Cuáles son los logros? ¿Los hay? La mejor manera de responder estas preguntas es con estadísticas. En 2025 –cuando el actual gobierno estaba plenamente instalado– hubo un registro de 593 homicidios. Eso es 2% más que en 2024 y representa un índice de casi 13 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Históricamente, el área metropolitana (Panamá y Colón) concentraban el 60% de esas muertes, con la diferencia de que, en la provincia de Panamá, el incremento de homicidios creció 20% en 2025, según cifras citadas del Ministerio Público.
Las autoridades sostienen que más del 70% de esos homicidios se relaciona con el crimen organizado, pandillas y tráfico de drogas. Y así lo salen a decir pública y privadamente. Los asesinatos se comenten entre pandilleros y esto –dejan entrever– no es tan malo si se matan entre ellos. Pero olvidan una parte importante de esa estúpida excusa. Si esos 415 homicidios (70% del total nacional) se originan entre pandillas y narcotraficantes, significa que la actividad criminal está creciendo, con lo que también aumenta el crimen organizado, haciéndose más sofisticado e invasivo, infectando bancos, gobiernos, el poder judicial y hasta la sociedad en general, que aprende a mirarlo, no como algo inusual, sino como parte del paisaje.
Entonces, ¿qué tan buena es la excusa de que no importa mucho si entre ellos se matan? Esa respuesta solo nos deja saber que el crimen está creciendo y que habrá más muertos porque cada una de esas pandillas busca su espacio, así sea robándolo a tiros o matando a terceros por invadir su territorio. Por otro lado, hay que pensar en el daño colateral, en el que, con frecuencia, resultan heridas o muertas personas inocentes, ya que a los sicarios no les importa siempre que cumplan su cometido. Esos son peones de fuerzas emergentes que buscan impunidad –como la de los políticos– y, como le sobra el dinero, lo invierten en otro tipo de peones: en campañas electorales para diputados –con lo que controlan la ley– o en los amigos del poder, con los que obtienen impunidad.
Y, al analizar los números, nos damos cuenta de que si bien el número de homicidios parece bajo control, lo cierto es que ahora vemos homicidios donde antes era impensable; muchos sicarios son unos sádicos, a la vez que se hacen más sofisticados y creativos y hasta pagan asesoría legal para organizar sus actividades de lavado de activos y otros negocios. Y lo peor que nos puede pasar es que esas organizaciones logren levantar negocios legítimos con dinero sucio, que no dudan en usar para blanquear dinero, como ya está ocurriendo con algunas pandillas del lado este de la capital donde se lavan activos a través de supuestas ventas de ganado.
Entonces, pregunto a las autoridades, ¿qué están haciendo?, porque si están haciendo algo, no se nota. En cambio, lo que sí se nota son los homicidios; el crecimiento de las pandillas, su actividad criminal, el sicariato y su descarnada violencia; pérdida de control de recintos portuarios; penetración del narcotráfico en la política y en el Gobierno, así como su creciente influencia en la Asamblea Nacional, sin olvidar la ausencia de políticas para la prevención entre los jóvenes.
Si el ministro de Seguridad Pública y el director de la Policía Nacional fueran más diligentes en lo que hacen o se ocuparan de hacer su trabajo, en lugar de ausentarse para ir a donde los inviten o estar fiestando o figurando en desfiles, tal vez –insisto, tal vez tendríamos mejores estadísticas–, porque lo otro que me preocupa –y es lo que realmente sería muy grave– es que carezcan de lo que Salamanca no presta.
