Con cada nuevo escándalo en Panamá aparecen ministros y voceros oficiosos convencidos de que seguimos viviendo en tiempos en que la palabra del rey era la ley. Bastaba una sentencia del soberano o de sus heraldos para establecer quién era inocente y quién culpable.
En democracia debería ocurrir lo contrario. En teoría, hay separación de poderes, una justicia llamada a determinar responsabilidades, medios de comunicación que revelan lo que se pretende ocultar, una oposición y una ciudadanía que forman parte del debate público.
Pero hay quienes se aferran a ese resabio monárquico y pretenden repartir los papeles de antemano: víctimas, victimarios, héroes y villanos. Aquí, tres ejemplos para ilustrar esa peligrosa nostalgia del absolutismo.
Empecemos con la caja de Pandora que se ha destapado en la DGI. Una red de funcionarios, abogados, tramitadores y representantes del sector privado manipuló créditos fiscales para apropiarse de más de 40 millones de dólares.
Aunque la investigación sigue su curso, algunos se adelantaron a repartir absoluciones como si fueran perdones reales. El ministro Felipe Chapman salió raudo y veloz a decir que los bancos y las empresas de seguros fueron “engañados” y actuaron de “buena fe”. Líderes del sector empresarial fueron más allá: sentenciaron que los bancos fueron “víctimas” del fraude. ¿En qué pruebas se basa una absolución tan categórica cuando las pesquisas no han concluido?
La buena fe no sustituye la debida diligencia. Tampoco las declaraciones de exoneración apresuradas reemplazan una investigación exhaustiva que identifique a todos los responsables y nos dé a conocer toda la verdad. Incluido si seremos los contribuyentes quienes terminaremos pagando los créditos fiscales otorgados de forma fraudulenta.
Más preocupante aún es que la propia Superintendencia de Bancos haya emitido un comunicado exculpatorio, advirtiendo que quienes difundan “noticias falsas” ponen en peligro la economía. Como si el verdadero peligro para la economía fuera que se hable del escándalo y no el escándalo mismo. La reputación del país es un mero reflejo de la realidad y ésta solo cambiará cuando se deje de proteger al club de los inocentes de siempre. Todo esto produce un enorme déjà vu con casos como Odebrecht.
De fabricar inocentes, pasamos a fabricar culpables, como en el Ministerio de Seguridad. Todo parte de la misión imposible de intentar justificar lo injustificable: que millonarias compras estatales de artículos tan cotidianos como uniformes y body cams sean declaradas confidenciales.
Ministro Ábrego: hasta para las excusas hay que tener un mínimo de congruencia. Eso de que se pone en peligro la seguridad nacional para justificar la creciente opacidad y el secretismo se lo creen pocos. Quizás por eso su respuesta ha sido atacar al mensajero: ahora resulta que los medios que revelan lo que el Ministerio de Seguridad pretende ocultar están colaborando con el narcotráfico. Definitivamente, el ministro Ábrego no solo está subestimando la sofisticación de los narcotraficantes, sino también la inteligencia y la paciencia de los ciudadanos.
Y, por supuesto, en este recuento de cuentos monárquicos no podía faltar la cantera inagotable de medias verdades y exageraciones oficiales sobre la mina de Donoso. Viendo la conferencia de prensa de los tres ministros, nos enteramos de que reabrir la mina nos traerá todo lo bueno de lo que actualmente carecemos: lloverá el chen chen, regresará la prosperidad y hasta los préstamos y las hipotecas de los bancos nos costarán menos. O sea, todos seremos felices y comeremos perdices.
Especialmente si antes construyen un villano al lado del cual se nos olvida la mala imagen de la empresa minera: la que aportaba regalías miserables, no pagaba impuestos, instaló una contaminante planta de carbón y ocupó ilegalmente tierras fuera del área de concesión. Ahora, el “malo más malo” al que le han puesto el foco los voceros oficiales y oficiosos son los mineros ilegales que buscan oro en el lecho de nuestros ríos, “generalmente aliados al narcotráfico”. ¿Les resultará ese cuento tan forzado?
Es improbable. La creación propagandística de inocentes, culpables y villanos tiene cada vez menos impacto entre una ciudadanía que exige que la justicia alcance a los poderosos (no importa el clan del que formen parte), que sus dineros se manejen con transparencia y que las decisiones públicas se tomen respetando la voluntad popular.
Por eso resulta tan insultante ver a tantos personajes pasearse impunes por los pasillos del poder: unos con condenas en firme y otros a la espera de que la mano del rey (o la nueva reina de la Asamblea) los exonere de sus delitos.
Quizás esta nostalgia monárquica les termine reventando en la cara. Porque la mentira tiene patas cortas y los ciudadanos no son tontos. Cada vez más reconocen, como en aquel maravilloso cuento, que el rey y sus voceros están desnudos.
