“Este país no lo vuelve a trancar nadie”. Así justificó José Raúl Mulino el proyecto de ley que sanciona con hasta seis años de cárcel a quienes utilicen “capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro” en manifestaciones.
La iniciativa generó polémica inmediata. El Código Penal ya contempla sanciones para el vandalismo y los actos de violencia. Y este gobierno ha demostrado que no vacila en usar la fuerza cuando se trata de despejar calles. Criminalizar la protesta bajo el argumento de la máscara resulta, como mínimo, cuestionable.
No hace falta especular sobre las intenciones tras este proyecto de ley, cuando Morgan Stanley ya adelantó la jugada: el 1 de julio, en pleno Mundial, se anunciaría la reapertura de la mina de Donoso. Gol de media cancha mientras medio país mira otros goles.
También inquieta la incongruencia. El mismo que, cuando era candidato, amenazó con “prender el país por las cuatro esquinas”, ahora, como presidente, pretende castigar a quien se cubra el rostro en una protesta. ¿Hay, acaso, máscaras más aceptables que otras?
Y es que hay distintos tipos de máscaras. Unas son visibles y otras invisibles. Algunas ocultan rostros y otras mecanismos de presunta corrupción. Y hoy hay uno del que casi nadie habla: las empresas que durante años tercerizaron operaciones clave en los puertos de Balboa y Cristóbal.
En abril de 2025, el contralor Anel Bolo Flores denunció el “desvío de fondos” de Panama Ports Company hacia Serviestiba, S.A. y Maniobras y Estiba Portuaria, S.A. Las calificó de empresas “fantasmas” a las que la concesionaria trasladaba utilidades para evitar pagarle al Estado lo que le correspondía como socio.
Además del dinero, estas sociedades concentran el grueso de la planilla: la mayoría de los trabajadores de los puertos está contratada por ellas. Cuando quien recibe la concesión termina trasladando operación, planilla y utilidades a terceros, la máscara no es de tela: es societaria.
Con la salida de Panama Ports y el proceso de transición en marcha, cabría esperar que estas máscaras fueran desmontadas. No ha sido así. Ministros y el propio encargado de la transición, Alberto Alemán Zubieta, hablan de la continuidad de estas empresas como un hecho. No como algo sujeto a evaluación, sino como parte del nuevo escenario.
Aquí lo que hay es una continuidad enmascarada de la transición.
No se ha precisado bajo qué condiciones permanecerán ni por cuánto tiempo. Tampoco quiénes están realmente detrás, si existen vínculos con la antigua concesionaria o si el modelo resulta beneficioso para el país. El silencio oficial frente a empresas que el propio contralor señaló como piezas de un mecanismo de desvío de fondos resulta, cuando menos, sospechoso.
Algunas máscaras se castigan y otras se toleran. Se sanciona al ciudadano que se cubre el rostro, pero se normalizan estructuras que durante años enmascararon las ganancias de Panama Ports. Se exige transparencia en la calle, mientras sigue sin aclararse si el esquema que redujo a la mitad lo que le correspondía al Estado fue realmente desmontado o simplemente absorbido.
¿Y qué sucede cuando un gobierno que denunció públicamente una de estas estructuras permite que se perpetúe?
Pues queda desenmascarado.
