Mi rostro apareció en periódicos y redes sociales la semana pasada, pero la noticia no era yo. La noticia era que una fiscal ordenó a periodistas censurar la publicación de información sobre Ramón y Roberto Carretero Napolitano.
Se trata de dos empresarios panameños de indudable interés nacional e internacional tras haber sido incluidos en la Lista Clinton por “enriquecerse con contratos petroleros del régimen de Nicolás Maduro y participar en transacciones vinculadas a prácticas de corrupción”.
No son mis palabras, son las del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y han sido reproducidas y analizadas por numerosos medios internacionales. El papel de Ramón Carretero en el entramado económico de Maduro llegó hasta la portada del The New York Times.
Pero a los hermanos Carretero Napolitano no se les ocurre intentar silenciar a nadie en los Estados Unidos. Saben que no pueden. Lo hacen en Panamá porque pueden. Y ese es precisamente el precedente que no podemos ignorar.
No es la primera vez —y presumo que no será la última— que funcionarios se prestan para restringir el derecho que tienen los ciudadanos a la información de carácter público. En 2020 una jueza impidió que el periodista Rolando Rodríguez investigara o publicara la imagen del abogado Janio Lescure en medio de un escándalo judicial internacional.
En 2023 la ANTAI multó a La Prensa por publicar una fotografía de Benicio Robinson sin su consentimiento. Quienes ejercen cargos públicos o actúan en el ámbito público no pueden pretender escapar del escrutinio de la sociedad.
Los hermanos Carretero Napolitano no son actores privados. Han sido frecuentes y polémicos contratistas del Estado, fueron parte del caso Odebrecht y pertenecen a un poderoso clan familiar con notoria presencia en el actual engranaje gubernamental: desde la embajada de Panamá en Cuba hasta la gerencia de la Zona Libre de Colón.
Tras la sanción de la OFAC, el presidente José Raúl Mulino aseguró que su gobierno “no tiene ninguna relación, ni directa ni indirectamente con el señor Ramón Carretero”. Declaraciones puntuales y calculadas, pero que por sí solas no disipan las dudas. Hay familiares de Carretero Napolitano muy cercanos al mandatario que, al menos en apariencia, generan una inquietud legítima entre la ciudadanía.
El reciente episodio de la censura solo agrega más elementos a esa sospecha. ¿Acaso se sienten tan protegidos en Panamá que pretenden censurar lo que ha sido noticia en medios internacionales?
Uno de los principales aportes del periodismo en una democracia es revelar a la sociedad aquello que, desde el poder, se intenta ocultar. En Panamá lo hemos visto una y otra vez: Odebrecht, New Business, los Panama Papers y los Pandora Papers. Los “Varelaleaks”, el IFARHU, las compras de la pandemia, la prórroga automática a Panama Ports Company, el contrato minero y las conexiones de First Quantum Minerals con el entorno gubernamental. La descentralización paralela —la de Cortizo y la de Mulino—, la Villa Diplomática y los viajes del nieto de Raúl Castro a Panamá. Esta última investigación involucra nuevamente a los Carretero Napolitano.
Si la censura se normalizara en nuestro país, muchos de esos temas jamás se habrían conocido. Imaginen que cualquier funcionario o empresario bien conectado pudiera acudir al Ministerio Público para prohibir que se publique información sobre él. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Que el gobierno imponga por decreto la versión oficial de los hechos?
Esta columna la estoy escribiendo sin el bozal que me impusieron los hermanos Carretero, gracias a la decisión de una jueza de garantías y el valioso respaldo de ciudadanos, colegas, medios y organizaciones periodísticas nacionales e internacionales. Si no fuera por ello y por la excepcional actuación legal del Dr. Eduardo Guevara, aún estaría censurada. No siempre se cuenta con ese nivel de acompañamiento y apoyo.
Si a través de las distintas mordazas —unas más evidentes y otras más sutiles— se continúa restringiendo el derecho que tienen los ciudadanos a la información de carácter público, quedaremos a merced de la abundante propaganda estatal (pagada con nuestros impuestos) y de los discursos preparados por asesores políticos. Una narrativa sin cuestionamientos, sin contrastes y sin rendición de cuentas. Eso es precisamente lo que buscan quienes censuran desde el poder.
